Seriedad, por favor

Esta primavera será tiempo de elecciones en España. En las próximas semanas el país entrará en campaña y con ella llegarán las propuestas de los diferentes partidos políticos. Los ciudadanos están convocados a dos citas electorales. Primero, el 28 de abril, los electores elegirán la composición del Congreso y el Senado y, de facto, quién será el próximo inquilino del Palacio de la Moncloa. Y sólo un mes después, el 26 de mayo, votarán a quienes serán sus representantes autonómicos y municipales, y en esa misma fecha tendrán lugar también las cada vez más trascendentes elecciones europeas.

En juego estarán cuatro años de políticas, que, sin duda, condicionarán el futuro económico y social del país. El sector inmobiliario, y en particular el problema de acceso a la vivienda, estarán en programas electorales y discursos políticos de los candidatos de los diferentes partidos.

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la sociedad actual. Precios al alza, salarios ajustados y un mercado del alquiler que no alcanza su máxima eficiencia provocan, por un lado, un amplio descontento de sectores amplios de la sociedad y, al mismo tiempo, el movimiento de un sector, el inmobiliario, que busca nuevas fórmulas para atender a las circunstancias de la demanda.

¿Tiene que haber políticas públicas para tratar de facilitar el acceso a la vivienda? ¿Cuenta el país con una regulación óptima para promover un mercado del alquiler más dinámico y competitivo? ¿Qué papel deben tener autonomías y corporaciones municipales en la gestión del suelo y en el desarrollo del parque público de viviendas?

La política tiene la legitimidad, y también el deber, de garantizar un derecho que está reconocido en la propia Constitución Española. Tiene, además, autoridad y medios para que, si hay voluntad, pueda conseguirlo.

Sin embargo, es demasiado habitual que los debates políticos sobre el derecho a la vivienda generen propuestas extravagantes que no tienen visos de convertirse en realidad. Se plantean demasiado a menudo medidas que no tienen conexión con la realidad, que no podrán llevarse a cabo si no se destinan a ello los recursos que requieren o que, en realidad, generan más daño que beneficio.

Y, en buena medida, esto se produce porque los políticos no tienen en cuenta al sector a la hora de hacer sus propuestas, y el real estate necesita seguridad jurídica para poder mantenerse como uno de los pilares de la economía del país.

Emplazamos a los políticos a ser serios. El ciudadano sabe cuándo le intentan vender motos. Ténganlo en cuenta y sean serios, por favor.