Consumo impone a Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos

Nueva orden. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la compañía Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma, ha informado este lunes el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado. A través de la Dirección General de Consumo, el ministerio ha instado a la filial en Irlanda de esta multinacional a eliminar un total de 65.935 anuncios al considerarlos ilícitos por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos.

En concreto, considera que se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo ha detectado estos anuncios. En todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico, sin que aparezcan anuncios de habitaciones individuales.

En los últimos meses, el ministerio ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad.

El ministerio ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en los últimos meses

Airbnb recurrió esta acción ante los tribunales para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Tsjm) se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo. En respuesta a lo impuesto por el ministerio en su primera resolución, el tribunal insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata. 

Desde la Dirección General de Consumo se argumentan tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se han detectado en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas. En primer lugar, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, algo obligatorio en varias normativas autonómicas, lo que supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada. 

Asimismo, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, de forma que se desconoce si los arrendadores son profesionales o particulares, una cuestión que resulta fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.

En tercer lugar, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, práctica que “puede inducir a error o a engaño” a los consumidores. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Tsjm) avala las actuaciones de Consumo

Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tsjm en el auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.

En base a esta cuestión, el ministro Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes “para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos”, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores. 

Por esta razón, Consumo está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades, explica el ministerio, que ha señalado que está “redoblando su compromiso con esta causa” aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin “a los miles de anuncios ilícitos detectados”. 

Por su parte, Airbnb ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de usar “una metodología indiscriminada” a la hora de elaborar un listado de anuncios que ha desembocado, en primera instancia, en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, conocido este lunes y que insta a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos en la plataforma.

La compañía señala que el Ministerio no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos

Así lo ha manifestado un portavoz de la compañía a Europa Press, asegurando que continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso, ya que “están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas”. “El Ministerio, que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas, como arrendamientos de temporada que no son oferta turística”, ha defendido al respecto.

A su vez, el portavoz ha denunciado que ha ignorado de “manera deliberada” las resoluciones del Tribunal Supremo de España que “han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro”.

Por otro lado, ha mantenido que la firma es una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales que no tiene obligaciones de supervisión. En esta línea, en diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.