El Cgpj aprueba el informe crítico sobre la Ley de la Vivienda que prepara el Gobierno

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (Cgpj) ha aprobado por mayoría de 15 votos, dos de ellos de vocales propuestos por el PSOE, la nueva propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto, redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda “es una materia de titularidad autonómica”.

Los vocales que se opusieron al primer borrador de informe, elaborado por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, son los que en esta ocasión han apoyado la nueva redacción del texto que ahora deberá ser remitido al Gobierno. El informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante.

En concreto, el nuevo texto ha sido apoyado por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach (PSOE), José Antonio Ballestero (PP), Ángeles Carmona (PP), Victoria Cinto (PSOE), Nuria Díaz (PP), Juan Manuel Fernández (PP), Rafael Fernández Valverde (PP), Vicente Guilarte (PP), Enrique Lucas (PNV), Carmen Llombart (PP), José María Macías (PP), Juan Martínez Moya (PP), Gerardo Martínez Tristán (PP) y Wenceslao Olea (PP).

El informe ha contado con los votos en contra de los vocales progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. De hecho, todos ellos, a excepción de Mar Cabrejas han anunciado voto particular sobre el informe que, según explica el Consejo incluirá algunas observaciones menores al texto de la propuesta, sin alterar su contenido substancial.

Quince miembros de los veintiún que forman el Cgpj han votado a favor del informe

El informe recuerda al Ejecutivo que la vivienda “es una materia de titularidad autonómica”, por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución “corresponde a cada una de las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas”.

 Afea al Ejecutivo que “limite” la competencia de las CCAA. Reprocha que se dé “un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”. Y añade que "limita y dificulta" la competencia en materia de vivienda a las comunidades autónomas.