El Gobierno elimina la prórroga obligatoria de seis meses para los contratos de alquiler

Menos ataduras para los propietarios. El Gobierno ha eliminado del paquete de medidas para hacer frente a la subida de los precios por el aumento de la inflación la posibilidad de extender seis meses la vigencia de los contratos de alquiler con los mismos términos y condiciones establecidos en el contrato que tuvieran en vigor.

El consejo de ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para prorrogar algunas de las medidas anticrisis que caducan el próximo 30 de junio, entre las que se no se incluye esta prórroga de los contratos de alquiler de seis meses con las mismas condiciones.

Eso sí, la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2% está ya extendida hasta el 31 de diciembre de 2023. De hecho, la Ley de Vivienda ya establece ese límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.

El consejo de ministros ha aprobado la línea de avales de hasta el 20% para la compra de vivienda para jóvenes y familias con menores

No obstante, el consejo de ministros ha mantenido hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.

Igualmente, el consejo de ministros ha aprobado hoy la línea de avales del 20% dirigida a jóvenes y a familias con menores a su cargo para la cobertura parcial por parte del Estado de los préstamos hipotecarios, por un importe máximo de hasta 2.500 millones de euros. 

Así, el Gobierno ha establecido el marco legal necesario para facultar a Mitma y al organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a fijar las condiciones y crear la línea para facilitar el acceso a la financiación para la compra de la primera vivienda dentro de España a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo. El objetivo es posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas.