Vivienda aprueba el modelo informativo anual obligatorio para arrendamientos de corta duración

Novedad para 2026. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha aprobado el modelo informativo anual obligatorio para los arrendamientos de corta duración (turísticos, vacacionales, laborales, de estudios, de tratamiento médico), dando cumplimiento al Real Decreto que regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos.

La orden, publicada este miércoles 31 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que los anfitriones deberán presentar cada febrero (a partir de febrero 2026, para los datos de 2025) un listado anonimizado de los alquileres realizados el año anterior por cada finca registrada (Nrua), indicando finalidad, número de huéspedes y fechas de entrada/salida. Se presentará un modelo informativo por finca, buque, embarcación o artefacto naval.

El modelo, que incorpora formato Xbrl y puede presentarse telemáticamente o en papel, busca aportar transparencia y facilitar el control del impacto de los alquileres turísticos en el mercado residencial. La norma entrará en vigor el 2 de enero de 2026.

El Mivau recuerda que la norma entrará en vigor, pasado mañana, 2 de enero de 2026

La obligatoriedad de tener un número de registro único de alquiler (Nrua) desde el pasado 1 de julio para la comercialización de alquileres turísticos ha puesto al límite a un buen número de oficinas del Registro de la Propiedad ubicadas en los denominados municipios turísticos. Con un personal muy limitado y una actividad en aumento ante el ingente número de compraventas de viviendas de segunda residencia que se están produciendo en un buen número de estos municipios (sobre todo de playa), los registros han sumado la gestión de este número requerido obligatoriamente a los dueños de pisos turísticos para llevar a cabo su actividad, lo que está colapsando la actividad cotidiana de estas oficinas de localidades que en verano llegan a multiplicar por dos dígitos su población.

Según pudo conocer EjePrime en ese momento, la dificultad de ejecutar esas solicitudes de registro turístico estaba provocando que en un primer momento, para agilizar la gestión y evitar atascos, se emitiera un número provisional referenciado al dado por la comunidad, con el objetivo de llegar en plazo al 1 de julio. Ya sería con posterioridad cuando el registro emitiera el dígito definitivo, así como el pago de la gestión de 27,05 euros más impuestos que cuesta este trámite.

Hasta ese mismo día, según datos aportados por el propio Mivau, los registros de la propiedad de toda España habían generado 215.438 solicitudes en todo el territorio nacional. De ellas 94.209 habían sido aprobadas, 15.275 denegadas y otras 102.732 se encontraban pendientes de verificación por parte de los Registradores, lo que reflejaba el grado de colapso experimentado en las oficinas de los registros de la propiedad.