El problema de la vivienda aviva el debate político

Hacía tiempo que la vivienda no lideraba la preocupación de los españoles frente a temas habituales como el paro, la corrupción o el empleo. Los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) así lo han venido confirmado al asegurar que es el mayor problema de los españoles. Y es que no es para menos a la vista de la evolución que viene registrando el precio de la vivienda. Ya ha recuperado, al menos nominalmente, los precios registrados antes de la crisis, y al ritmo que acumula, en breve los sobrepasará en términos reales.

En la última década, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este encarecimiento ha registrado incrementos del 67%, una cifra que llama la atención y explica en buena medida, los problemas actuales que tiene una parte importante de la población que no puede acceder económicamente no ya a la compra de una vivienda, sino a un alquiler que en ocasiones resulta incluso más elevado que el pago de una hipoteca.

Este aumento del 70% puesto en perspectiva con la evolución salarial está provocando que un buen número de ciudadanos demandantes de vivienda queden al margen de la posibilidad de compra, ha puesto el foco en qué iniciativas promueven las distintas administraciones para mejorar el mercado de vivienda asequible, bien en venta o alquiler.

EjePrime Dossier Anual 2025

El año en que el capital encumbró a España

El importante crecimiento de la población española, que en breve alcanzará la cifra de los 50 millones de habitantes y la fuerte creación de unidades familiares, han generado el caldo de cultivo idóneo para que la vivienda salte a la arena política y se convierta en el arma arrojadiza entre las distintas formaciones.

El problema de acceso a la vivienda, especialmente sangrante en algunos segmentos de la población como los jóvenes, ha colocado en primer plano la labor del Ministerio de Vivienda y su titutlar, Isabel Rodríguez. En 2025, Rodríguez ha anunciado una batería de medidas, no siempre bien acogidas por parte del sector.

Oferta de vivienda pública

La principal arma con la que cuenta el Ejecutivo es el nuevo Plan Estatal de Vivienda cuya puesta en marcha será a partir de 2026 y con una duración de cuatro años. Este plan propone triplicar la financiación hasta los 7.000 millones de euros, de los que el 40% se destinará a la promoción de la oferta de vivienda pública, un 30% a rehabilitación y el otro 30% restante a ayudas. Sin embargo, la complicación reside en lo extremadamente difícil que está resultando lograr un acuerdo entre las distintas comunidades, que son las que tienen las competencias asignadas y el Gobierno central.

Junto a esta medida, la creación de un parque de vivienda pública de alquiler asequible ya ha dado sus primeros pasos con la nueva empresa estatal Casa 47, cuyo origen se encuentra en Sepes. La nueva compañía estatal ha recibido más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos de Sareb con capacidad para desarrollar otros 55.000 inmuebles. Además, ha abierto el proceso de licitación de gestión de este parque por un importe de 55,4 millones de euros para 17.324 viviendas.

El Plan Estatal y la Ley de Vivienda calientan el debate entre el Ejecutivo y las comunidades de distinto signo político

Este año ha seguido marcado por la consolidación de la Ley de Vivienda de 2023 que contempla la introducción de mecanismos para la contención de rentas y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado (Zmrt). Una medida que ha sido tachada de generar incertidumbre entre los propietarios, llevando a muchos de ellos a retirar sus inmuebles del mercado ante la falta de seguridad jurídica. Una visión que se ha convertido en una lucha política entre el Ejecutivo y la mayor parte de la comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La transformación del sector de la construcción es otro de los objetivos que se persiguen para, de un lado, paliar la falta de mano de obra del sector y, por otro, acelerar la producción de vivienda. Las condiciones de trabajo del sector, intensivo en mano de obra, es otra dificultad añadida a la que ha respondido la administración pública con la apuesta por la construcción industrializada. El objetivo de la implantación de este nuevo modelo es que el mayor proceso de construcción se lleve a cabo en la fábrica, con un trabajo más tecnológico y menos duro, que atraiga a trabajadores jóvenes, paliando el actual problema de falta de mano de obra y envejecimientos de las plantillas actuales.

La experiencia y el mayor empleo contribuirá a recortar los tan necesitados plazos de construcción de las viviendas y conseguir precios más competitivos. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la construcción industrializada pretende que a medio y largo plazo del total de vivienda construidas, el 30% sea industrializada.

Aunque el conjunto de medidas tendentes a incrementar la construcción de vivienda asequible es amplia y variada, la colaboración público-privada se está imponiendo en los municipios y comunidades autónomas independientemente del signo político que se trate. Ante la falta de medidas que activen la generación de suelo, la elección de un socio privado para acelerar la construcción de vivienda de alquiler, su explotación y gestión, mediante una concesión de suelo público por al menos 75 años, es una medida que está calando independientemente del color político.  Únicamente el 3,4% del total de vivienda es social, lo que sitúa a España a la cola de Europa, donde la media supera el 9%.

Otra de las novedades legislativas de 2025 ha sido la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en la que se introdujeron cambios importantes en los alquileres turísticos (VUT) y su efecto en las comunidades de vecinos. De facto, la nueva norma tiene como objetivo dotar a los vecinos de más control sobre este tipo de alquileres de corta estancia, limitando su proliferación como ha ocurrido en las principales ciudades del país.