El Plan Estatal ofrece hasta 1.200 euros por metro cuadrado a promotores de vivienda asequible

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha iniciado esta semana el proceso de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. En él, se confirman las líneas de actuación que se conocieron el pasado mes de julio en la XXVIII Conferencia de Presidentes de Barcelona: elevar sustancialmente las ayudas públicas a la generación de vivienda, pública y asequible, a cambio de blindar la protección de las mismas de forma permanente.

En el proyecto de Real Decreto se deja claro que estos dos objetivos están inherentemente unidos, así como el impulso por la declaración de zonas tensionadas, una herramienta promovida en la Ley de Vivienda del Ejecutivo central que se han negado a aplicar las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP (prácticamente la mayoría de las 17).

La fórmula elegida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para impulsar su hoja de ruta es a través del reparto de las ayudas, favoreciendo a aquellos proyectos que sigan esta línea, no solo en el reparto de fondos destinados a Administraciones públicas y sus organismos dependientes, también para las propuestas de colaboración público-privada, iniciativas privadas de promoción de vivienda protegida y en régimen de cooperativa, así como fórmulas de cohousing o coliving.

Para proyectos de colaboración público privada, la subvención podría alcanzar hasta el 80% de la inversión total del proyecto, incluyendo tributos, coste de suelo y beneficio industrial

Así, en el articulado de la norma, se detallan siete tipologías objeto de ayuda. De ellas, la mitad están centrada hacia las iniciativas públicas pero, tras discusiones internas, también se han incluido subvenciones para que se fomente la promoción privada de vivienda asequible.

Entre los supuestos subvencionables, se contempla la promoción de vivienda en fórmula de colaboración público-privada, para ser destinada al alquiler social o asequible. Para ello, el Ministerio plantea que se podrá obtener “una ayuda directa, proporcional a la superficie útil de cada vivienda” de hasta un máximo de 1.000 euros por metros cuadrado de dicha superficie útil. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 70% de la inversión de la actuación. ¿Y qué incluye esta cifra global? Pues todos los gastos inherentes a la promoción de dichas viviendas, incluyendo tributos: es decir, el coste del suelo, urbanización y edificación, así como el beneficio industrial.

Los 1.000 euros podrán elevarse hasta los 1.200 si el proyecto incluye dos requisitos adicionales. Si se aplican “procesos o técnicas avanzadas de edificación industrializada”, la ayuda podrá ser de hasta un máximo de 1.100 euros por metro cuadrado de superficie útil, con un máximo de 85 metros cuadrados por vivienda y siempre que la cuantía de la subvención no supere el 75% de la inversión por actuación. Si además, se actúa en zonas de mercado residencial tensionado, esta subvención se elevará hasta un máximo de 1.200 euros, con un máximo del 80% del total de la inversión de la actuación.

Si las iniciativas están en zonas declaradas de mercado tensionado y cuentan con proceso o técnicas avanzadas de edificación industrializada, las ayudas serán mayores

“En el supuesto en que la promoción sobre suelo público, en fórmula de colaboración público-privada, sea compensada con la entrega a la adjudicataria de la correspondiente licitación de parte de las viviendas, destinadas a la enajenación con algún régimen de protección pública que habrá de ser permanente, las ayudas serán, en cada supuesto, de hasta un máximo de la mitad del importe referido en los párrafos anteriores por metro cuadrado de superficie útil, computándose igualmente un máximo de 85 metros cuadrados útiles por vivienda y no pudiendo superar, también en cada supuesto, la mitad del correspondiente porcentaje de la inversión de la actuación”.

Ayudas para vivienda protegida

Para la promoción de vivienda en suelo privado con algún régimen de protección, con condición permanente, el plan plantea una ayuda para los promotores de estas actuaciones “de hasta un máximo de 750 euros por metro cuadrado de superficie útil, cuando vayan a destinarse a alquiler y hasta un máximo de 600 euros si es para enajenación”. A estos efectos, se computará un máximo de 85 metros cuadrados útiles por vivienda y la cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60% de la inversión en pisos en alquiler y en 55% si es para venta. Al igual que con los proyectos de colaboración público-privada, si las iniciativas están en zonas declaradas de mercado tensionado y cuentan con proceso o técnicas avanzadas de edificación industrializada, dicha cuantía se eleva hasta los 950 euros por metro cuadrado y hasta un máximo del 65% de la inversión total.

Para el fomento de la vivienda cooperativa en cesión de uso, así como de otras soluciones residenciales modelo cohousing, coliving, alojamientos temporales y otras modalidades similares destinadas al arrendamiento o al disfrute temporal en cualquier régimen admitido en derecho, las ayudas serán también de 750 euros por metro cuadrado y la cuantía máxima no podrá superar el 55% de la inversión de la actuación, cifras que se incrementan de igual forma que el resto de subvenciones si hay industrialización o están en zonas tensionadas.

Más fondos europeos

Estas ayudas para el desarrollo de vivienda asequible en alquiler era una de las peticiones recurrentes del sector, consideradas “imprescindibles” para que se pudiera promover esta tipología de activos de una manera rentable. Hasta ahora, en las diferentes iniciativas de colaboración público-privada, ya sea de Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, se recurría al programa de ayudas europeo de los Next Generation EU.

Dotado con 1.000 millones de euros, esta partida se transfería a las diferentes regiones para promover 20.000 viviendas nuevas destinadas al alquiler asequible o social. Sin embargo, para su obtención, se requería un requisito: que las viviendas debían estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026. 

No obstante, tal como desveló ayer EjePrime, las ayudas Next Generation de la UE no serán sustituidas por los fondos del plan nacional, sino que habrá nuevos fondos de la UE para la promoción asequible. “Estos fondos europeos, que terminan en 2026, serán sucedidos por el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible, promovido por el nuevo Comisario Europeo de Vivienda y Energía, que movilizará recursos de manera estructural para financiar políticas de vivienda y rehabilitación”, señalan en el documento publicado por Vivienda.

Reacción del sector: Apce España

“Desde la Asociación de Promotores Constructores de España (Apce España) creemos que el borrador del Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda (PEV), presentado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, es un primer paso para aportar soluciones efectivas que permitan ampliar el parque de viviendas de protección oficial en España. No obstante, es preciso esperar a ver cómo se materializan los convenios con las Comunidades Autónomas para poder valorar su alcance real, elemento clave para la ejecución de este plan.

Valoramos positivamente que el Gobierno haya incrementado la dotación presupuestaria del Plan con respecto a los anteriores, algo que desde Apce España venimos reclamando hace años y que debe mantenerse en los sucesivos planes estatales para que sean realmente efectivos en sus objetivos. Si bien este es un buen paso para mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, desde Apce España reiteramos la necesidad habilitar suelo para la construcción de VPO, tanto por promotores públicos como privados, además de modificar la regulación urbanística en nuestro país, que dificulta -e incluso paraliza- desarrollos urbanísticos una media de 16 años, planeamientos que contemplan la construcción tanto de vivienda libre como de vivienda asequible y protegida.

El verdadero reto está en recuperar la seguridad jurídica e impulsar políticas de vivienda que activen el desarrollo de suelo, que reduzcan las trabas administrativas que intervienen en el proceso de promoción y que permitan aumentar de forma sostenida la producción en todo el territorio y acabar con el actual déficit de vivienda.

Se hace necesaria, cada vez más, una estrategia de largo recorrido y estable consensuada por los diferentes actores implicados en el sector de la vivienda. Desde Apce España reiteramos nuestra disposición a colaborar con las administraciones para encontrar soluciones reales, estructurales y sostenibles que den una solución efectiva al problema del acceso a la vivienda en España”.

Asociaciones como Apce España y ACI valoran el incremento presupuestario propuesto pero se muestran cautos hasta no conocerse su implementación práctica, con los acuerdos con las Comunidades Autónomas

Reacción del sector: Asociación Consultoras Inmobiliarias

“Desde la Asociación de empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) consideramos que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 supone una iniciativa relevante para avanzar en el acceso a la vivienda y en la mejora del parque residencial en España. El incremento de la financiación destinada a vivienda pública puede contribuir a reforzar la oferta de vivienda asequible y a dinamizar determinados segmentos del mercado.

El plan contempla la colaboración entre el sector público y los promotores privados, lo que puede favorecer una gestión más eficiente de los proyectos. También incorpora medidas en materia de rehabilitación y eficiencia energética, que pueden ayudar a modernizar el parque existente y avanzar en criterios de sostenibilidad.

En este contexto, resulta positivo que se prevean ayudas específicas tanto a los colectivos más vulnerables como al propio sector, ya que pueden facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda asequible y apoyar la actividad de empresas vinculadas a la rehabilitación y a la promoción inmobiliaria. Asimismo, la atención a colectivos jóvenes y a municipios de menor tamaño introduce un enfoque de diversificación territorial que resulta de interés para el mercado.

No obstante, la eficacia de estas propuestas dependerá en gran medida de su implementación práctica, de la coordinación con las administraciones autonómicas y locales y de la capacidad del sector para hacer frente a retos como la disponibilidad de suelo y el aumento de los costes de construcción. En este sentido, desde ACI entendemos que el éxito del Plan estará vinculado a su desarrollo operativo y a su capacidad de generar un marco estable y profesional para todos los agentes implicados”.

Reacción del sector: Wires

Desde WIRES pensamos que Plan acierta al plantear una inversión de 7.000 millones de euros hasta 2030, con foco en vivienda asequible, rehabilitación y emancipación juvenil. Sin embargo, la magnitud del reto es enorme: el parque residencial español envejece aceleradamente (más del 50 % tendrá entre 60 y 90 años en 2030) y la producción de vivienda asequible no crece al ritmo de la demanda. La brecha entre oferta y demanda es cada vez más grande y tristemente seguirá ampliándose si no se incorporan más instrumentos de colaboración público-privada, incentivos fiscales y seguridad jurídica que animen a la inversión institucional.

Nosotras destacaríamos que en la propuesta del plan se focalizan más en las viviendas protegidas públicas y en el acceso a vivienda de los jóvenes. Lo cual nos parece un muy buen punto de partida, pero pensamos que el plan, en la medida de las posibilidades económicas, debería ser más ambicioso recogiendo también las necesidades de viviendas de otros tipos de población que hoy en día no pueden acceder a una vivienda por no disponer el mercado libre de ellas. Pensamos que para solucionar el problema de la vivienda se necesitan atraer capital privado e institucional y recursos de todo tipo que no están en su totalidad recogidos en la propuesta del plan.Seguir impulsando la rehabilitación del parque inmobiliario existente con diversas medidas, también es una medida muy acertada.

Pero habrá que ir viendo cómo se va desarrollando la colaboración público privada y la coordinación entre las administraciones para que todo ello pueda ir avanzando en el buen camino y se puedan resolver los problemas reales de la población para el acceso a una vivienda. Recoger en la propuesta del plan nacional espacio para la vivienda de los municipios rurales también nos parece un acierto dada la necesidad social de disponer de vivienda rural en un mercado donde la rentabilidad económica es en muchos casos negativa y su resolución implica resolver mayores dificultades. Por último y de gran importancia, indicar que echamos en falta más medidas que favorezcan la liberalización de suelo y la flexibilidad urbanística. Mecanismo que pueden favorecer el incremento ágil de la oferta de vivienda para todos los grupos de población y sus necesidades.

En resumen; desde WIRES valoramos positivamente la voluntad del Gobierno de reforzar el acceso y la rehabilitación, pero insistimos en que pera dar una respuesta eficiente para dar respuesta a las familias y a los jóvenes que hoy se ven excluidos del mercado hay que ir un paso más allá.