Las comunidades aplican sus propias recetas para resolver el problema de la vivienda

La actual falta de oferta que vive el mercado residencial español se solucionaría de un plumazo con la construcción de 600.000 nuevas viviendas, una cifra que era la que se alcanzaba en los años del boom inmobiliario en un solo ejercicio. Desde entonces, el sector ha sufrido una transformación que hace poco menos que imposible alcanzar estos registros.

La falta de suelo, la escasez de mano de obra cualificada para llevar a cabo este objetivo, el encarecimiento de los materiales no hace más que jugar en contra y apenas se sobrepasan las 100.000 unidades. De hecho, según los datos anunciados ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el ámbito de la rehabilitación, España cerró 2024 con más de 26.600 viviendas visadas, un 7% más que hace un año y, por primera vez tras la pandemia, se construyen más viviendas que hogares se crean. Al cierre del pasado ejercicio se construyeron 127.721 nuevas viviendas residenciales visadas, frente a 111.000 nuevos hogares creados en el mismo periodo.

Sin embargo, estas cifras resultan insuficientes para cubrir la demanda y evitar el importante tirón que los precios, pese a que la vivienda de segunda mano es la que está protagonizando mayoritariamente las operaciones de compra-venta.

Las comunidades autónomas tienen que buscar fórmulas adecuadas para solucionar los problemas de vivienda

Ante este panorama son las comunidades autónomas las que tienen que buscar fórmulas adecuadas para solucionar los problemas de vivienda que se producen en sus territorios. Colaboración público-privada, declaración de zonas tensionadas, vivienda asequible, vivienda industrializada, cambio de uso del suelo, son algunas de las soluciones que han planteado los responsables de vivienda de las comunidades con mayores problemas en la mesa Si necesitamos 600.000 viviendas, ¿Cómo hacerlas en las cinco CCAA con más necesidades?, que se ha celebrado el seno de la feria del sector de la edificación y la construcción Rebuild.

Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, señaló que el reto que tiene por delante el sector no va ligado a un problema de vivienda, si no de asequibilidad, “tenemos que ampliar el parque de viviendas dignas y asequibles”.

En Navarra la primera medida que se pondrá en marcha desde el Gobierno Foral va a ser la aprobación de zonas de mercado tensionado que afectará a 21 municipios (el 70% de la población navarra), lo que ayudará a los ciudadanos a conseguir una vivienda asequible y frenará la escalada de precios al fijar determinados límites.

Otras dos herramientas que anunció la responsable de Navarra para la ampliación del parque de vivienda serán la calificación permanente de la vivienda protegida y, por otro lado, las reservas de suelo para la construcción de vivienda protegida, que en municipios de 10.000 habitantes llega al 50%. La consejera destacó que “mientras la media estatal de viviendas con alquiler público es de una de cada seis, en Navarra es de una de cada tres”.

En Madrid es una realidad el cambio de uso de suelo de usos terciarios a residencial

José María García, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, defendió el Plan Vive, del que dijo “es un fiel reflejo de que lo mejor del ámbito público junto con lo mejor del privado puede hacer grandes cosas”.

En Madrid se han conseguido 3.743 viviendas, todas industrializadas. “Como arrendadores contamos con gestores profesionales para atender las necesidades de los inquilinos lo que permite que la calidad de esas viviendas se consiga de manera natural, y eso solo se consigue desde la colaboración público-privada”. El viceconsejero señaló que otra medida que en Madrid “ya es una realidad”, es el cambio de uso de suelo de usos terciarios a residencial.

José Francisco Lajara, secretario general de Fomento e Infraestructura de la Región de Murcia, destacó el paquete de medidas de vivienda asequible y contra la ocupación que puso en marcha su ejecutivo regional. “En Murcia tenemos mucha necesidad de vivienda, estamos construyendo a un ritmo de 2.600 al año y en los próximos cuatro años necesitaríamos 57.000”.

Desde el ejecutivo regional se puso en marcha un decreto para garantizar la construcción de vivienda asequible y protegida, en colaboración con el sector, “una colaboración público-privada que es donde vemos que hay una solución”, afirmó. Añadió que “una vivienda protegida tiene que reunir los mismos requisitos que una vivienda libre en cuanto eficiencia energética, solo se diferencia en el precio limitado. Por eso se reserva un suelo para estas viviendas y se proveen de incentivos fiscales”, explicó el representante de Murcia.

En Castilla La Mancha solo el 35% de los inquilinos de viviendas de carácter público, paga el alquiler

Denis Itxaso González, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, lanzó un claro mensaje, al señalar que la colaboración institucional y público-privada, junto con una decidida apuesta por la industrialización del sector, son claves para hacer frente a los desafíos actuales del mercado de la vivienda.

En ese sentido, ha defendido el compromiso del País Vasco para que el 65% de las promociones públicas cuenten con algún elemento industrializado en 2036. “Tenemos que afrontar un momento de escasez y carestía con ambición legislativa y soluciones innovadoras. Hoy más que nunca, las clases medias engrosan las listas de vivienda protegida porque el mercado libre es insuficiente y excluyente. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, ha afirmado el consejero.

“La industrialización no es un fin en sí mismo, sino el medio para tener viviendas de calidad, más asequibles, sostenibles y adaptadas a las nuevas necesidades. Y para lograrlo necesitamos sumar a colegios profesionales, constructoras, centros tecnológicos, formación profesional y universidades”, ha subrayado Itxaso.

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla La Mancha, Nacho Hernando, anunció que el 20% de las viviendas terminadas en la región tienen protección pública, mientras que el 80% se localiza en zonas tensionas. Las “comunidades no podemos ser caseros de las viviendas, es un modelo que no funciona”. El representante de la comunidad gobernada por García-Page ha asegurado que “solo el 35% de los inquilinos que reside en una de estas viviendas de carácter público, paga el alquiler, algunos porque no pueden y otros porque no quieren”.