UPF y Apce reclaman cambios en el plan de ayudas estatales para impulsar el parque VPO

Sin la ayuda de la administración es imposible levantar un parque de vivienda asequible acorde con las necesidades actuales. Esta es una de las principales conclusiones del informe La promoción de vivienda en los Planes Estatales y los Fondos Next Generation. La insuficiencia de instrumentos y presupuesto de la cátedra de empresa Vivienda y Futuro impulsado desde la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (Apce), que se ha presentado esta mañana en el campus Ciutadella de la UPF.

El documento ha sido elaborado por el profesor José García Montalvo, catedrático y director del departamento de economía de la Universidad Pompeu Fabra, el profesor Josep Maria Raya, director de la cátedra y catedrático de economía aplicada en TecnoCampus-UPF, y Carles Sala Roca, doctor en derecho, portavoz y responsable de asesoría jurídica del colectivo API de Catalunya. Además de Josep Maria Raya y Carles Sala Roca, ha tomado parte en la presentación Josep Maria Sentís, tesorero y miembro del comité ejecutivo de Apce.

El documento reflexiona sobre el hecho que, a consecuencia de la última crisis financiera e inmobiliaria, se adoptaron unas políticas de austeridad y estabilidad presupuestaria que supusieron la desaparición de los Planes estatales de vivienda 2013-2016 (2017), 2018-2021 y 2022-2025, y, en vez de ello, se regularon instrumentos de financiación en las promociones de VPO, de los que sólo perduró la ayuda directa para la promoción de viviendas. Además, según el informe, ha quedado acreditado que la regulación de una subvención a los Planes 2013-2016 y 2018-2021 era absolutamente insuficiente para promover viviendas de protección oficial de alquiler sin tener que realizar aportaciones de fondos propios.

Con el Plan 2022-2025 se constata un cambio radical de las medidas y la situación del sector constructor-promotor en tan sólo una década, señala el informe

Según los autores del informe, con el Plan 2022-2025 se constata un cambio radical de las medidas y la situación del sector constructor-promotor en tan sólo una década. En cuanto a los beneficiarios del Plan 2022-2025, existen dos programas que incluyen ayudas directas a la promoción, pero que son o bien para colectivos muy determinados (viviendas para personas mayores o con discapacidad) o bien para desarrollar modelos de alojamiento y viviendas del tipo cohousing.

“Con estos programas surge una desigualdad en el sector, puesto que, al no ser ayudas de carácter universal, no se fomenta la promoción de viviendas para un perfil más general de demanda que también puede tener dificultades de acceso a la vivienda”, señala el análisis, que también apunta que, “a pesar de la potencia del Plan 2022-2025 y de los Fondos Next Generation, que contemplan subvenciones de hasta 700 euros por metro cuadrado, las promociones de viviendas pueden resultar inviables si no existen concertadas líneas de préstamos subvencionados”, añade el análisis.

En este sentido, la proyección de la creación de nuevos hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y el Plan territorial sectorial de vivienda, sitúa la necesidad de la promoción de vivienda asequible con el apoyo de la administración pública en 15.000 viviendas al año, durante los próximos quince años, una cifra que se aleja mucho de la producción de los últimos diez años, denuncia el informe.

Según el estudio, el gran impulso de la vivienda de protección oficial en España y Cataluña se produjo durante los años cincuenta y sesenta e, incluso, en algunos años de este periodo, todas las viviendas que se construían eran de protección oficial. En total, si se realiza el cómputo de viviendas de protección oficial desde 1960, se contabilizan 6,2 millones de viviendas protegidas para el conjunto de España.

El gran impulso de la vivienda de protección oficial en España y Cataluña se produjo durante los años cincuenta y sesenta

De estos datos, el informe destaca que más del 25% del parque residencial español se ha construido con el apoyo de la administración pública, porcentaje que sube hasta el 33% y 35% si se hace referencia únicamente a las viviendas habitadas de forma permanente. El resto, el 75% del total, se ha llevado a cabo a través de promotoras privadas.

Por otro lado, también se remarca que para alcanzar una estabilidad en los programas que configuran las políticas públicas de vivienda, éstas no deben estar sometidas a ciclos cortos de tres o cuatro años, “sino que habría que superar los planes temporales para construir una estructura estable de herramientas de apoyo a estas políticas”.

Además, según el documento, haría falta un volumen de fondos propios del 30% en el caso del alquiler social y del 15% el caso del alquiler social asequible. “Las cifras demuestran que las administraciones públicas no han sido nada eficientes en articular un sistema adecuado y de confianza para los promotores, ya sean públicos o privados”, señala el informe.

“La eliminación de determinadas políticas de fiscalidad relacionadas con la adquisición o arrendamiento de vivienda supuso un importante ahorro para las cuentas presupuestarias de las administraciones que no se han utilizado ni para políticas de acción directa en vivienda ni para establecer medidas alternativas cuyas características sirvan para estimular el régimen de la promoción de alquiler”, concluye el documento de UPF y Apce.