Residencial

Valencia se vuelca en el impulso del parque público para suplir la falta de oferta residencial

Los partidos contendientes en las elecciones autonómicas apuestan por fórmulas como la compra directa de pisos, la colaboración público-privada o la cesión de la cartera de Sareb en sus propuestas sobre vivienda.

A. P.

23 may 2023 - 04:54

Valencia se vuelca en el impulso del parque público para suplir la falta de oferta residencial

 

 

La vivienda se posiciona como un eje central en la campaña a las Cortes Valencianas. La mayoría de los partidos que aspiran a formar parte del Gobierno resultante de los comicios autonómicos del próximo 28 de mayo en la comunidad levantina han preparado diferentes medidas con las que confían revertir la falta de oferta residencial en la región.

 

Las líneas maestras que rigen la mayoría de las propuestas son el impulso del parque de vivienda público, ya sea a través de la promoción directa, la colaboración público-privada o mediante la cartera de Sareb; la liberación de suelo finalista para la promoción de terceros y medidas enfocadas al acceso a la primera vivienda para jóvenes.

 

Dejando de lado este punto común, los partidos valencianos difieren respecto al peso de la normativa en el sector: Psoe, Compromís y Podemos proponen ampliar el radio de acción de las administraciones en el inmobiliario, mientras que PP, Ciudadanos y Vox abogan por la derogación de ciertas medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico en los últimos años y defienden la no aplicación de la Ley de la Vivienda en el territorio.

 

En las elecciones autonómicas de 2019, el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) obtuvo doce diputados a las Cortes Valencianas; Compromís, Ciudadanos y Partido Popular sumaron ocho representantes, mientras que Podemos consiguió seis diputados y Vox entró con cuatro. Hace cuatro años, la suma de Psoe, Compromís y Podemos propició la reedición del gobierno tripartito, con el socialista Ximo Puig al frente.

 

 

El Psoe pone el foco en la nueva oferta


El Psoe, que repite con Ximo Puig al frente, apuesta por el impulso del parque público, uno de los pilares de sus propuestas en vivienda. Los socialistas quieren desplegar el Pla Habitatge (PH), un programa de promoción pública y privada de vivienda protegida que desarrolle 24.000 viviendas durante el mandato.

 

También se comprometen a levantar hasta 2027 un total de 6.000 unidades para el alquiler y defienden un acuerdo con Sareb y otras entidades financieras para destinar sus inmuebles a alquiler social. El grupo quiere articular mediante la colaboración del Institut Valencia de Finançament (IVF) un programa de avales para facilitar el acceso a la primera vivienda.

 

En el ámbito de la colaboración público-privada, el partido defiende una actualización de los precios de construcción para adecuarlos a los costes reales, la financiación a los ayuntamientos la construcción de las promociones del PH, y la licitación de lotes pequeños del mismo plan que incorporen el pago por derecho de superficie o el de permuta por obra.

 

El Psoe también busca agilizar la aplicación de las nuevas reservas de suelo para vivienda protegida, la transformación de suelos improductivos en viviendas protegidas, impulsar la conversión de edificios públicos en residenciales, promover el cohousing entre mayores o crear un clúster de construcción industrializada y sostenible, entre otras medidas.

 

 

 

 

 

 

PP presenta el Vive valenciano

 

El Partido Popular, que lidera Carlos Mazón, también pone el foco en la nueva oferta y presenta la iniciativa Plan Vive Comunitat Valenciana, que se basa en sacar a concurso las parcelas públicas residenciales en manos del Ejecutivo autonómico y promover mediante la colaboración público-privada 3.000 viviendas de alquiler “de forma consensuada con el sector empresarial”.

 

Además, los populares quieren fomentar la construcción de vivienda para el alquiler y protegida en suelos públicos municipales a través de la modalidad de cambio de solar por obra, de forma que los ayuntamientos reciban viviendas públicas y bajos para usos sociales.

 

El partido también presenta el Plan 10.000, por el que quieren modificar los módulos en la calificación y promoción de 10.000 nuevas viviendas protegidas, además de restablecer las ayudas a la promoción de vivienda protegida y vivienda de alquiler.

 

Respecto el acceso a la vivienda para jóvenes, el PP propone avales que cubran el 100% del préstamo hipotecario para menores de 35 años, ayudas directas para gastos de tramitación de hasta 2.000 euros, una rebaja del Impuesto de Transmisiones a un tipo superreducido del 3%, para la compra de vivienda de jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, municipios en riesgo de despoblación y víctimas de violencia de género, y una disminución del 10% al 3% el impuesto de vivienda a todas las rentas inferiores a 30.000 euros anuales.

 

El PP también deja claro que derogará la legislación y la normativa “que se dirige contra los derechos de los propietarios y arrendatarios, que no permite la colaboración público-privada”.  Los populares apuestan por unificar la legislación y normativa sobre vivienda en un texto refundido y prometen eliminar la Conselleria de Vivienda. En materia de ocupación, se comprometen a recuperar 1.600 viviendas ocupadas de forma irregular, entre otras medidas, como la creación de una oficina de atención para propietarios afectados.

 

 

 

 

Compromís avanza un fondo de 50 millones


El partido regionalista Compromís, que encabeza Joan Baldoví, también avanza un plan para la construcción y adquisición de 5.000 viviendas pública en colaboración con los ayuntamientos. El partido apuesta por crear un Fondo Valenciano para la construcción de vivienda pública con una dotación inicial de 50 millones de euros.

 

En materia de colaboración público-privada, el grupo defiende la amplificación de los programas para la construcción de viviendas en alquiler en parcelas de titularidad autonómica y la extensión del programa a solares de titularidad municipal. También promete que el 33% de las viviendas de las nuevas promociones sean de protección pública.

 

Además, exige la incorporación de todos los inmuebles de la Sareb radicados en el País Valenciano en el parque público de la Generalitat y apuesta por impulsar un inventario de vivienda pública. En este sentido, también propone una oficina valenciana contra abusos inmobiliarios que ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito a todas las personas que se encuentren como inquilinas o que estén sufriendo una situación de abuso inmobiliario.

 

Compromís también quiere establecer un programa de rehabilitación de edificios públicos para avanzar en la constitución de edificios de emisiones cero y ampliación del parque privado de edificios mediante convocatorias de pública concurrencia y propone ayudas para la rehabilitación de la vivienda y la instalación de paneles solares de autoconsumo.

 

 

 

 

Ciudadanos aboga por un seguro al impago del alquiler  

 

Ciudadanos, que con Mamen Peris es el único partido que se presenta con una mujer al frente, apuesta por los convenios de colaboración de la Conselleria de Vivienda con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para facilitar la financiación hasta alcanzar el 100% del importe en las adquisiciones de vivienda para jóvenes.

 

El partido también defiende sinergias público-privadas para aumentar la disponibilidad de vivienda de titularidad privada en programas públicos de vivienda de las administraciones competentes y se compromete a poner en marcha un plan urgente para recuperar la titularidad de aquellas viviendas del parque público que estén ocupadas ilegalmente o sin título posesorio en vigor.

 

El grupo también apuesta por incentivar el mercado de alquiler de vivienda, proporcionando un seguro abonado por la Generalitat Valenciana que garantice al arrendador el pago de las rentas de alquiler.

 

Por último, también quiere tomar medidas para aumentar la oferta de vivienda en las zonas con mayor demanda, “evitando medidas basadas en el control y regulación de precios por su falta de seguridad jurídica y los efectos contraproducentes en la facilidad de acceso a la vivienda”, apunta Ciudadanos.

 

 

 

 

 

Podemos: más vivienda y regulación al turístico

 

Podemos se presenta en Valencia con Héctor Illueca como cabeza de lista y un programa con un gran protagonismo de las políticas enfocadas en la vivienda. El partido apuesta por un plan que comprende levantar 4.000 unidades para el alquiler hasta 2027. De estas, 1.050 viviendas serían gestionadas por la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha), 2.750 viviendas correrían a cargo de promociones privadas derivadas de cesión de usufructo de suelo público y 200 unidades corresponderían a régimen de cooperativas de cesión de uso.

 

El grupo morado, que apuesta por asumir la titularidad del parque de Sareb en la comunidad, también pone el foco en los grandes tenedores. El partido se compromete a iniciar un proceso de expropiación forzosa de las viviendas de protección pública que están en manos de grandes tenedores y se encuentran desocupados durante más de un año e iniciar un programa de cesión temporal obligatoria a las viviendas sin ocupar de los grandes tenedores.

 

Otro caballo de batalla de Podemos es la regulación de la vivienda turística. El partido promete revisar todos los apartamentos turísticos inscritos en el régimen autonómico para comprobar que cumplen la regulación actual y, en este sentido, también apuesta por un cuerpo inspector específico para el segmento y diferenciar entre alquiler turístico esporádico y no profesional permanente.

 

Podemos redobla su apuesta por la regulación en el segmento turístico con la declaración de zonas turísticamente saturadas a través de un plan especial de alojamientos turísticos, que permitiría que los vecinos decidieran si permiten que en su edificio haya apartamentos de uso turístico. El partido también quiere gravar con un recargo del 20% la venta de una vivienda en el caso que esta haya sido adquirida en un período menor a los dos años, entre otras medidas.

 

 

 

 

 

Por último, Vox es el único partido que no reserva un espacio específico en su programa para la vivienda, aunque el marco general sí que recoge algunas políticas con reverberaciones para el sector. El grupo encabezado por Carlos Flores apuesta por derogar “todas las leyes autonómicas superfluas que suponen duplicidades como la Ley de vivienda de la Comunidad Valenciana y la Ley de cooperación y desarrollo sostenible”.

 

El partido también defiende el desarrollo del turismo, tanto de costa como de interior, “empezando por eliminar cualquier traba burocrática y tasa que afecte a su crecimiento”. Por último, señala que quiere acometer las modificaciones legales necesarias “para que los bienes inmuebles ilegalmente ocupados sean recuperados inmediatamente”.