Trinitario Casanova, procesado por un supuesto fraude de diez millones

El presidente del Grupo Hispania, procesado por fraude. Un juzgado de instrucción de Murcia ha declarada terminada la instrucción del proceso iniciado 2009 contra Trinitario Casanova, y otras 22 personas por un presunto fraude a la Hacienda Pública de casi diez millones de euros.

El magistrado ha ordenado la continuación del procedimiento penal contra 18 empresas, entre ellas Hispania, como posibles responsables civiles subsidiarias. La investigación llevada a cabo durante estos años ha permitido acumular indicios de la posible comisión de varios delitos de defraudación tributaria, delitos contables y delito continuado de falsedad documental, según se recoge en el auto.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el fiscal en 2009 que, a su vez, había partido del expediente que había iniciado la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) sobre Hispania.

Para defraudar, el empresario habría simulado trabajos en terrenos de su propiedad

El documento subraya que, con el objetivo de defraudar, se habrían simulado trabajos y movimiento de tierra en fincas de su propiedad ubicadas en las provincias de Alicante, Madrid y Murcia. Además, se habrían celebrado falsas mediaciones o intermediaciones en las ventas de las fincas, “todo ello, para generar gastos empresariales deducibles, pero no reales”, apunta el auto del juez.

Además, Trinitario Casanova habría cargado a Hispania facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios que reflejaban relaciones comerciales reales pero que constituían gastos personales del empresario. La resolución cifra en un total de 9.012.782 euros la cantidad que se habría podido defraudar en la liquidación del iva y del impuesto de sociedades.

En paralelo, hay una segunda investigación que inicialmente correspondió a un juzgado de Madrid y posteriormente fue acumulada a esta causa, que hace referencia a Baltirén y, según la resolución, el fraude podría alcanzar los 934.381,49 euros.

El Juzgado de Instrucción ha dado veinte días de plazo al fiscal y a las demás acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.