Mivau: “Los efectos del Plan Estatal de Vivienda irán más allá de cinco años”

La vivienda, en el centro de la agenda pública. En una mesa redonda sobre vivienda protegida, social y asequible celebrada este jueves en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), Anselmo Menéndez, subdirector general en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau), ha recordado que, con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez va a transferir fondos a las comunidades autónomas, aunque “sus efectos irán mucho más allá de los cinco años de plazo definidos para este programa”, según Menéndez. El total de inversión está cifrado en 7.000 millones de euros, de los que 4.200 millones serán invertidos por parte del Gobierno/Ministerio y otros 2.800 millones a cargo de las autonomías.

Los objetivos del plan consisten en: lograr más y mejor vivienda, reducir la edad de emancipación de los jóvenes, rebajar la tasa de esfuerzo y aligerar la presión en zonas tensionadas. Menéndez ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública, para que España “se acerque” a otros países europeos en este sentido. 

La primera línea de financiación del plan estatal, orientada al fomento de vivienda asequible y social, es “la más importante sin ningún género de dudas”, en palabras del subdirector general, por lo que recibirá un 40% del total de los fondos mediante convenios con las comunidades (y ciudades) autónomas. Menéndez ha sugerido que “todas las administraciones deben llevar a cabo esfuerzos para poder avanzar en las gestiones y cumplir con los plazos”. Y ha recordado, entre otros detalles, que habrá ayudas para las promociones de vivienda que incluyan técnicas de industrialización.    

El Ministerio liderado por Isabel Rodríguez recuerda la necesidad de generar vivienda pública en España, para lo que proponen un presupuesto de 7.000 millones de euros a través del Plan Estatal

La segunda de las líneas de financiación se corresponde con rehabilitación de viviendas, para mejorar su eficiencia y la accesibilidad, así como con procesos de regeneración urbana. Adicionalmente, con el objetivo de reducir la tasa de esfuerzo, hay una tercera línea, con ayudas al alquiler de vivienda, incluyendo a jóvenes y víctimas de la violencia de género, además de ayudas para alquiler con opción a compra, ayudas a la compra en municipios de hasta 10.000 habitantes y líneas de avales para la cobertura en caso de impagos de alquiler.    

Por su parte, Benjamín Augusto López, director de coordinación de Sepes, ha explicado cómo Sepes puede ser un instrumento de utilidad para paliar la crisis de vivienda”. Y ha enumerado una serie de factores que inciden en esta crisis de acceso: déficit de construcción, falta de suelo finalista, incremento de precios y oferta limitada, además del aumento de la población, inversión extranjera, escaso parque de vivienda social, turistificación y situación económica.

López ha detallado que, en los últimos años, la actividad de Sepes ha ido “virando” hacia el desarrollo de programas públicos de vivienda y ahora se encuentra “inmersa” en un proceso de transformación para configurarse como la nueva Entidad Estatal de Vivienda, cuyos objetivos son “crear de manera incremental un parque público de vivienda asequible”, asegurar la asequibilidad de la vivienda, fomentar la regeneración urbana y territorial, impulsar la colaboración público-privada y contribuir a “hacer barrios y generar ciudad”, como en el caso de Buenavista en Málaga.     

El responsable de Sepes también ha puesto como ejemplo operaciones en terrenos del Ministerio de Defensa, como Campamento en Madrid y Son Busquets en Palma. Y ha recordado una de las medidas más recientes anunciadas por el Gobierno de España en un sentido similar: el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (Pacep), del Ministerio del Interior, que pasarán a ser adscritos a Sepes. Mediante la inversión de más de 78 millones de euros, se prevé levantar un total de 1.332 viviendas nuevas en los terrenos de ocho antiguas instalaciones penitenciarias distribuidas entre Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León.