Podemos propone que los grandes tenedores destinen el 30% a alquiler social

Podemos apuesta por aumentar el parque de vivienda social. La Vicepresidencia de Derechos Sociales, encabezada por Pablo Iglesias, propone, en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que los grandes propietarios de inmuebles destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social. Una medida que, a su juicio, ayudará a poner fin a la "emergencia habitacional" en España al aumentar en pocos meses el parque de residencias con algún tipo de protección a entre 140.000 y 150.000 viviendas.

Así lo ha indicado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, durante su comparecencia en la comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Belarra ha argumentado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible implica también proteger el derecho a la vivienda, como recoge el artículo 47 de la Constitución: "Necesitamos una Ley de Vivienda para corresponsabilizar al sector inmobiliario, al sector privado, en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que debe tener necesariamente la vivienda", ha defendido Belarra. "Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las administraciones públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social", ha añadido.

El Gobierno ha aprobado una moratoria de nueve meses para el pago de hipotecas y préstamos al consumo

"Si, por ejemplo, los grandes propietarios de inmuebles en España destinarán el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos meses las viviendas disponibles en 140.000 o 150.000 inmuebles, ayudando a poner fin de esta manera a la emergencia habitacional que vive nuestro país", ha ahondado Belarra.

Por otro lado, el Gobierno ha completado este martes la prórroga del escudo social por la pandemia, con la aprobación en el Consejo de Ministros de una moratoria para el pago de hipotecas y préstamos al consumo. La duración del aplazamiento de pago para familias afectadas por la pandemia será de nueve meses. De forma secuencial, ya que los tres primeros meses corresponden a la moratoria legal y los seis adicionales a la moratoria del sector bancario.