Vivienda y Airbnb acuerdan la retirada de anuncios de pisos turísticos sin código de registro

Nuevos avances en el registro de pisos turísticos. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la plataforma de pisos turísticos Airbnb se han reunido este martes con el fin de tratar la identificación y la retirada de esta plataforma de aquellos anuncios de pisos turísticos que no cuenten con código de registro legal.

En un encuentro en el Ministerio, la compañía se ha comprometido a remitir de forma mensual información sobre los anuncios que se publicitan en su plataforma, a fin de facilitar el cumplimiento de la normativa estatal. España ha sido el primer país de la Unión Europea en trasponer la normativa europea relativa al registro único de alquileres de corta duración, a través de la Ventanilla Única Digital (VUD). El objetivo es acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada que colisiona con el derecho a una vivienda digna de parte de la ciudadanía, según defiende el Ejecutivo.

A partir de agosto de 2025, Airbnb remitirá de forma mensual a Vivienda la información exigida por la normativa, incluyendo los números de registro estatal y autonómicos correspondientes, según el tipo de oferta que se anuncie por los anfitriones. Según lo acordado, informa el departamento de de Isabel Rodríguez meniante un comunicado, Airbnb retirará aquellos anuncios que presenten irregularidades en el registro nacional.

Según el INE el censo de este tipo de viviendas oscila entre las 350.000 y las 400.000 viviendas para alquiler turístico

La tramitación de esta medida se iniciará en primer lugar con una notificación previa a los anfitriones, ofreciéndoles un plazo para subsanar los defectos antes de proceder a la retirada definitiva, salvo si se deriva de una revocación de número de registro estatal, en cuyo caso se producirá en 48 horas desde la notificación del Ministerio.

El registro de alquiler turístico es obligatorio desde el pasado 1 de julio, fecha en la que los diversos Registros de la Propiedad de España habían recibido un total de 215.438 solicitudes a nivel nacional, de las que tan solo algo más de 94.000 fueron aprobadas y 15.275 denegadas, quedando pendientes de verificación el resto. El proceso aunque tenía una fecha prevista sigue su curso, como consecuencia del atasco y el colapso que se ha producido en numerosas oficinas del registro situadas en los denominados municipios turísticos, según informó este diario.

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo de este tipo de viviendas oscila entre las 350.000 y las 400.000 viviendas para alquiler turístico, lo que viene a representar entre el 1,3% y el 1,5% del total del parque de viviendas totales. El Ministerio de Vivienda hace unas semanas publicó que el parque total de viviendas en España superó ligeramente los 27 millones de unidades de las que 7,72 millones se corresponden con segundas residencias. El total de plazas de ocupación que se materializan con estas viviendas de uso turístico oscila entre los 1,75 millones y los 2 millones, lo que arroja que por cada vivienda se alojan de media cinco personas.

Hace más de un mes, Consumo decretó el bloqueo de cerca de 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas publicadas en Airbnb

Hace más de un mes, el Ministerio de Consumo decretó el bloqueo de cerca de 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas publicadas en la plataforma de Airbnb por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos. En concreto consideró que se vulnera la normativa de las diferentes comunidades autónomas donde Consumo detectó estos anuncios. En todos los casos se trataba de viviendas completas de uso turístico.

Desde la Dirección General de Consumo se argumentó que no se incluía el número de licencia o registro, no indicaban la naturaleza jurídica de los arrendadores e incorporaban números de licencia que no correspondían a los expedidos por las autoridades. La compañía recurrió la decisión ante los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció con un auto que avalaba las actuaciones de Consumo, instando a la retirada de 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.