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Colau ata que el 30% de los nuevos pisos sean de VPO tras renunciar a una moratoria a la obra nueva

La alcaldesa de Barcelona ha aceptado aparcar su propuesta para dejar de conceder licencias para obra nueva a cambio del apoyo de PSC y ERC a su plan de reservar a vivienda asequible tres de cada diez pisos nuevos.

EjePrime

18 jun 2018 - 19:00

Colau ata que el 30% de los nuevos pisos sean de VPO tras renunciar a una moratoria a la obra nueva

 

 

Barcelona deja aparcada la propuesta de su alcaldesa, Ada Colau, de aplicar una moratoria para la construcción de nuevos pisos. La antigua activista en favor del acceso a la vivienda pretendía establecer dos años de moratoria para la construcción de nuevos pisos en la capital catalana como medida estrella de un plan de choque contra los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad. Colau ha decidido “congelar” esta medida a cambio del apoyo de PSC y ERC a su otra propuesta: reservar el 30% de toda la obra nueva a “vivienda asequible”.

 

Gracias a este acuerdo, Barcelona obligará a partir de otoño a que los promotores de nuevas construcciones y responsables de rehabilitaciones que den pie a nuevas viviendas se vean obligados a destinar un 30% de los pisos a vivienda protegida. Colau pretendía que esta obligación se fijara a partir de esta misma semana, lo que en la práctica suponía suspender las licencias que no contemplaran este porcentaje.

 

Durante la reunión de la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, la alcaldesa ha señalado que el acuerdo permite empezar “a revertir el proceso de especulación inmobiliaria”. El plan se articulará a través de dos modificaciones del Plan General Metropolitano: una de ellas exigirá a los promotores que contribuyan a la ampliación del parque público de vivienda de la ciudad y la otra convertirá todo el término municipal de Barcelona en un área de derecho de tanteo y retracto.

 

Los promotores del paquete de medidas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) y el Observatorio DESC aseguran que la medida aprobada permitirá aumentar el parque público “en 300 o 400 pisos al año”.

 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Cataluña (Apce), Lluís Marsà, ya ha alertado de que el parón de obras de más de 600 metros cuadrados, vinculado a la posterior obligación de reservar el 30% de las nuevas unidades a vivienda social, “no es legal, va contra las leyes catalanas de urbanismo y del suelo” y “tensionará al alza” los precios de la vivienda en la ciudad.