El Consejo de Europa pide que se limiten los precios de los alquileres

Los problemas que vive el mercado de vivienda español en materia de precios, tanto en las operaciones de compraventa, como en los alquileres, por la falta de oferta que satisfaga la demanda de ambos mercados, ya ha salido de las fronteras y es un problema que se integra en una larga de un buen número de países europeos.

Esta realidad a nivel europeo es la que que ha recogido el Comité Europeo de Derechos Sociales (Ceds), un organismo de expertos del Consejo de Europa, para solicitar a los gobiernos de los países de esta organización e indirectamente al Gobierno de España, para que se aplique un límite en el precio de los alquileres, uno de los mayores problemas para el acceso de la vivienda, especialmente para los más jóvenes.

También en su ‘receta’ dirigida hacia el mercado de vivienda, esta institución reclama un mayor aumento en las ayudas que tengan por objetivo el acceso, así como la búsqueda y la consecución de una oferta mayor de viviendas, con el fin de que la demanda alcance con mayor facilidad su objetivo de acceso habitacional, problema de especial relevancia en el mercado residencial español, que se está traduciendo en un incremento histórico de los precios que ya se sitúan en torno a los niveles previos a la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2007.

El Ceds también reclama un aumento de las ayudas y una mayor oferta de viviendas sociales

La realidad es que desde el Ejecutivo español se puso en marcha la actual Ley de Vivienda que entró en vigor el 26 de mayo de 2023 y que contenía dentro de su articulado la determinación de lo que denominó ‘zonas tensionadas’, dentro de las cuales los incrementos de precios cuentan con importantes limitaciones, lo que unido a determinados beneficios fiscales para los más necesitados, ponían el foco en el problema del acceso a la vivienda.

Sin embargo, y pese a los más de dos años que esta norma está en vigor, está siendo poco efectiva, ante la politización de la misma y ante la luchas de competencia que han surgido entre la administración central, comunidades y ayuntamientos.

En su informe de actividad sobre el año 2024 publicado este lunes, el Ceds también reclama un aumento de las ayudas y una mayor oferta de viviendas sociales, para hacer frente y lograr el acceso para aquellas personas con mayores problemas. Aquí también y ante el objetivo del Ejecutivo de construir este tipo de residencias y ser una de sus mayores reivindicaciones, los avances también han sido muy tímidos. El motivo puede resumirse en la falta de suelo o los dilatados plazos para su recalificación en urbanizable, así como en los precios de origen de este tipo de construcciones, que las promotoras no quieren asumir por no cubrir sus costes.

Los 15 expertos de esta instancia europea, son los encargados de velar por el cumplimiento de la Carta Social Europea (que recoge entre otros el derecho a la vivienda) también ha analizado en este estudio las medidas tomadas para hacer frente a la crisis del poder adquisitivo generada por la escalada de la inflación por efecto de la guerra de Ucrania.

Solicita medidas que impidan los deshaucios como consecuencia de retrasos en el pago del alquiler

Ante esta falta de soluciones cuantificables en los 41 países que han firmado la Casta Social, insisten en que “deberían intervenir regularmente para que el parque de viviendas sociales existente sea suficiente” y actuar para las personas que no tienen techo.

Igualmente señalan que los responsables en cada país velen para que las ayudas a la vivienda, “sean proporcionales a los gastos y que sean selectivas para el público que más corre riesgo de no tener medios para acceder a una vivienda de un nivel suficiente”, reclamando la adopción de medidas que impidan los deshaucios como consecuencia de los retrasos en el pago del alquiler.