La Ocde cuestiona los topes a los precios y subraya la complejidad de gravar la vivienda vacía

La receta de la Ocde en vivienda asequible. La crisis de acceso a la vivienda asequible en España, particularmente en el segmento de alquiler, representa un reto para las autoridades al que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) plantea dar respuestas tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, con especial atención al impulso a la dotación de un mayor parque de vivienda social en alquiler, así como a mejorar el enfoque de las ayudas al pago de la renta.

Paralelamente, cuestiona la eficacia de imponer topes a los precios y subraya la complejidad de gravar las viviendas vacías. Según destaca en su ‘Estudio Económico de España 2025’, muchas personas tienen dificultades para acceder a una vivienda asequible en el país, donde la presión sostenida de la demanda no se ve compensada por un aumento adecuado de la oferta, con un déficit de vivienda, estimado por el Banco de España, de alrededor de 600.000 unidades entre 2022 y 2025, como consecuencia principalmente de la migración y el aumento de la formación de hogares en zonas urbanas y turísticas, factores que han intensificado la demanda.

En este escenario, el mercado del alquiler se encuentra particularmente bajo tensión, ya que su demanda se ha disparado, sobre todo en zonas urbanas y turísticas, mientras que los precios de los alquileres han superado los ingresos de muchos hogares con rentas más bajas.

El alquiler social se limita a tan solo el 3% del parque inmobiliario, muy por debajo de los promedios de esta organización y la UE

Si bien la propiedad de vivienda se mantiene alta, en un 75%, la proporción de inquilinos ha crecido significativamente desde 2015, especialmente entre los jóvenes y los residentes nacidos en el extranjero. Sin embargo, la Ocde señala que el alquiler social se limita a tan solo el 3% del parque inmobiliario, muy por debajo de los promedios de esta organización y la UE, lo que contribuye, entre otros factores, a que España tenga una de las tasas más altas de riesgo de pobreza relacionada con la vivienda de la eurozona.

Según el think tank de las economías avanzadas, la oferta no ha respondido adecuadamente a la demanda debido a la disponibilidad limitada de suelo edificable en zonas de alta demanda; la caída de la productividad en el sector de la construcción durante la última década y los escasos incentivos para la oferta de vivienda asequible, como la baja rentabilidad derivada de los elevados costes del suelo y la construcción, así como la incertidumbre legal y política derivada.

Así advierte de que para alcanzar la media de la UE, España necesitaría aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social, lo que implicaría construir o convertir más de 850.000 viviendas adicionales (213.000 viviendas nuevas o reconvertidas al año durante los próximos 4 años), lo que pone de relieve la necesidad de seguir actuando.

Recomienda priorizar el avance de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, así como la agilización y digitalización de los procedimientos de desarrollo urbanístico para liberar suelo edificable, especialmente en zonas de alta demanda, y seguridad jurídica que atraiga inversiones.

España necesitaría aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social, lo que implicaría construir o convertir más de 850.000 viviendas adicionales

Sin embargo, reconoce que estas reformas tardan en mostrar un efecto en la oferta y podrían no abordar las necesidades de los hogares vulnerables a corto plazo, por lo que también propone ampliar la inversión en vivienda social más allá de lo previsto actualmente, incluyendo actores con y sin ánimo de lucro, lo que podría ayudar a expandir la vivienda social de forma más sostenible y con un menor coste fiscal, mientras que la nueva agencia de vivienda pública española también podría desempeñar un papel central en la gestión y expansión del parque de viviendas de alquiler asequible.

Previsiones macroeconómicas

Por otro lado la Ocde ha revisado nuevamente al alza su pronóstico de crecimiento para España para este año y el siguiente, después de la mejora anunciada el pasado mes de septiembre, y ahora anticipa que la economía crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, lo que implica una subida de tres y dos décimas, respectivamente, respecto del pronóstico anterior.

A más largo plazo augura que el producto interior bruto (PIB) de España moderará su ritmo de expansión en 2027 hasta el 1,8%, según las nuevas proyecciones contenidas en el informe anual. De este modo, las nuevas previsiones calcan las últimas proyecciones del Gobierno español, que la semana pasada revisó al alza sus expectativas para este año y el siguiente, hasta el 2,9% y el 2,2%, respectivamente, mientras que estima un crecimiento del 2,1% para 2027 y 2028. La demanda interna seguirá siendo el principal motor del crecimiento de la economía española, en un contexto de debilitamiento de la demanda externa, ya que el consumo privado se verá respaldado por un mercado laboral sólido, el aumento de la renta real y la caída de la inflación.

Prevé que la inversión aumente durante el período 2025-2026, impulsada por la reducción de los costes de financiación y la continua implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que anticipa una desaceleración de las exportaciones, debido a la débil demanda de socios comerciales clave y a los aranceles de Estados Unidos.

Por otro lado, la organización con sede en París anticipa que la tasa de paro de España se situará este año en el 10,6% y bajará al 10,1% en 2026 para caer al 9,8% un año después, mientras que la tasa de inflación será del 2,6% este año, pero caerá al 2,3% en 2026 y al 1,8% un año después. El déficit presupuestario caería en 2025 al 2,5% del PIB desde el 3,2% del año pasado y se mantendría en el 2,3% los dos años siguientes, mientras que la deuda pública bajará este año del 100% del PIB, situándose en el 99,4%, para caer al 97,9% el próximo año y en el 97% en 2027.