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La cifra supone el mayor incremento en 18 años, mientras que la vivienda usada registra un incremento del 12,3% y la nueva el 12,2%. Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron tasas interanuales positivas.

Estas viviendas, situadas en Riba-roja de Túria, una de las localidades más afectadas, serán adquiridas por el Ministerio de Vivienda a Aliseda, sociedad controlada por Blackstone y participada en minoría por Banco Santander.

Caixabank revisa al alza sus estimaciones previas hasta 670.000 transaciones en 2025 y 683.000 en 2026. Prevé un crecimiento de los precios del 9% en 2025 moderándose a un 5,7% en 2026, según datos del Ministerio de Vivienda.

Los responsables del desarrollo urbanístico de Alcobendas (Madrid) aseguran que acatan la decisión, que avala el planeamiento, pero anula el plan parcial de 2019 por un error procedimental. El proyecto contempla 8.600 viviendas.

Sepes, empresa pública del Ministerio de Vivienda, recibe el visto bueno al proyecto de estatutos y bases de actuación para la constitución de la Junta de Compensación de Campamento, donde hará 10.700 viviendas públicas.

El valor medio de la vivienda nueva y usada crece el 53,6% desde el nivel mínimo registrado durante la crisis financiera, aunque un 9,7% inferior por debajo de los máximos de 2007. Todas las zonas registran un impulso de precios.

La presidenta de Asprima, Carolina Roca, afirma que “el primer reto de la sostenibilidad es acabar con la desigualdad pero, si encarecemos la vivienda por construir de forma más sostenible, dificultamos aún más su acceso”.

El presidente del Gobierno ha adelantado que propondrá en la próxima Conferencia de Presidentes del viernes triplicar la inversión pública en vivienda hasta los 7.000 millones y la posibilidad de crear una base pública de precios.

Ubicado en la calle Padilla 32 de Madrid, ofrece 24 exclusivas viviendas de distintas tipologías con precios entre los 3 y los 16 millones de euros. Iniciada ahora la etapa de comercial, se prevé su entrega a finales de 2026.

Sobre fincas urbanas, crecen un 7,5% en el trimestre y un 5,1% frente al primer trimestre de 2024. Dentro de las fincas urbanas, 3.429 ejecuciones han correspondido a viviendas, un 3,1% menos que en el trimestre anterior.

Representantes de hasta 9 Ministerios forman el grupo de trabajo que deberá ejecutar el plan con el que el Gobierno pretende impulsar la industrialización en el sector inmobiliario y aumentar la producción de vivienda asequible.

Los precios suben en torno a 110 euros por semana, por lo que el coste medio durante agosto pasa de 1.160 euros a 1.270 euros cada siete días, según Grupo Tecnitasa. Desde 2020, la subida media acumulada se acerca al 40%.

Aumenta a 80 años el periodo de concesión para la recuperación de la inversión en lugar de los 40 de la Ley de Contratos. Para agilizar el proceso exime al concesionario de la redacción del proyecto que obliga a otras obras.

Diversos actores en el sector señalan que la ley de la vivienda ha provocado una mayor percepción de inseguridad jurídica, lo que tiene un efecto directo en los inversores. Señalan que determinados mercados son ilíquidos.

La primera compañía del sector inmobiliario con categoría Sbic se fija alcanzar 2.500 viviendas operativas entre 2028 y 2030. Bajo la fórmula de lucro limitado persigue reinvertir parte de los beneficios en vivienda asequible.

Gestores de alojamiento para estudiantes consideran que el ecosistema de alquiler actualmente está “fuera de control” y explican que la capacidad de ajustar precios al alza depende de calidad, ubicación y servicios ofrecidos.

Cofides ha explicado que la operación consiste en un préstamo a Techo Hogar Socimi, con la misión de adquirir nuevas viviendas ampliando el alcance del proyecto y el número de personas beneficiarias en situación de exclusión.

El ministerio destaca que el Gobierno y la UE pretenden abordar el “complejo escenario” derivado de la situación de la vivienda a través de mecanismos que “frenen los casos de fraude” y consoliden un mercado “transparente”.

El desarrollo contará con 160 pisos de alto standing. La firma prevé cerrar 2025 con más de cien de estas viviendas ya vendidas. Lar ha abierto la oficina de venta y ya cuenta con algunos interesados y algunas preventas.

Estará adscrita a la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana y su creación no supondrá un aumento del gasto público, ya que se financiará con las dotaciones presupuestarias actualmente existentes del presupuesto.

Inicialmente, los planes de Lar eran encontrar un partner que inyectara fondos para invertir unos 120 millones de euros y construir una cartera de unas 300 camas en Madrid y Barcelona. No obstante, el resultado ha sido mayor.

El número de operaciones llegó a las 68.647 unidades aumentando en todas las comunidades. Las ventas de pisos aumentan a un ritmo del 18% interanual hasta 52.674 unidades, mientras los unifamiliares crecen el 25,3% hasta 15.973.

La legislación del alquiler es una relación bilateral perfecta donde el Estado debe participar lo mínimo. Hay miedo en los políticos a dar beneficios fiscales a los promotores al no entender que ayudan a la compra de vivienda.

Tinagli, responsable de la Eurocámara, ha asegurado que la UE “no puede decidir si una ciudad o país tiene que hacer un control de precios”, ni señalar qué medida se debe aplicar, ya que no tiene las competencias para ello.

Los economistas ven que las medidas pueden derivar inversión de las socimi hacia otros países, la subida del IVA a los pisos turísticos dañar al sector y un carácter confiscatorio el gravamen para compras de extra comunitarios.

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