Navarra busca socio privado para promover 2.500 viviendas de alquiler asequible
Inicialmente serán 2.000 viviendas protegidas, ampliables a 500 unidades más en alquiler asequible por un precio de 61 millones de euros. Se suma así a lo realizado por Barcelona, Madrid, Guadalajara o Extremadura entre otros.
24 nov 2025 - 05:00
Impulso al alquiler asequible. El Gobierno Foral de Navarra se suma a la puesta en marcha de un sistema de colaboración público-privada para dar solución al problema de la vivienda en su territorio, especialmente en lo que a alquiler asequible se trata. De esta manera, se une a otras experiencias semejantes llevadas a cabo, en Madrid, Barcelona, Guadalajara o Extremadura. Ante el bloqueo que se está produciendo a la hora de generar oferta de vivienda asequible y que sea el destino de buena parte del aumento de población derivado de la inmigración, especialmente de alquiler, la fórmula de colaboración público-privada se está erigiendo en como la fórmula mayoritaria para paliar el problema.
La principal figura que se utiliza para esta colaboración entre la administración ya sea local o autonómica, y las empresas del sector es un modelo de concesión administrativa, mediante la cual las nuevas unidades se levantan sobre suelos públicos, con lo que se evitan los dilatados plazos de transformación de esta materia prima, contando con la colaboración, experiencia e inversión del sector privado, y el compromiso de que salgan al alquiler a precios por debajo de mercado. Este sector privado será el encargado de la explotación por un número de años que suele oscilar entre los 50 y los 75 años, de manera que se preserva la titularidad pública del suelo una vez finalice la explotación.
El gobierno navarro ha convocado un anuncio de licitación para la constitución de una Sociedad de Capital Mixto (SCM) para la promoción de 2.000 viviendas protegidas, ampliables a 500 unidades más, en régimen de arrendamiento asequible mediante colaboración público-privada. Es indudable que con ello se busca, no solo incrementar la capacidad inversora del sector público, llevándose más lejos las políticas de promoción de vivienda protegida, sino contar con un socio privado profesional que aporte su experiencia, habilidades, conocimiento y recursos humanos y técnicos en la gestión y promoción de los suelos, así como la construcción de las viviendas y llevar a cabo la gestión del alquiler de las mismas.
La principal figura que se utiliza es un modelo de concesión administrativa, mediante la cual las nuevas unidades se levantan sobre suelos públicos
Las promociones de viviendas de Navarra se explotarán con el precio máximo por metro cuadrado que en cada momento prevea la normativa de aplicación. En dichas promociones se construirán plazas de garaje, trasteros y locales comerciales en función de la normativa vigente, que se destinarán igualmente a arrendamiento. El contrato de concesión y vigencia de la sociedad de capital mixto será de 90 años a contar desde su constitución, si bien el plazo de duración de cada derecho real de superficie no excederá en ningún caso de 75 años, salvo que posteriores modificaciones legales permitieran un plazo superior. Las viviendas se localizarán en los municipios de Valle de Egües, Zizur Mayor, Berrioplano, Berriozar y Noaín, con el objetivo de que la finalización de estas sea en el segundo semestre de 2028 y 2029 respectivamente.
Las primeras parcelas serán la BFS 2 del plan parcial sector Etxebakar Berrioplano con referencia catastral 310000000002277130KM con una superficie de 3.598 metros cuadrados estando previsto la construcción de 34 viviendas. La parcela BFS 1 plan parcial sector Etxebakar Berrioplano con referencia catastral 310000000002277129BW con una superficie de 2.745,011 metros cuadrados prevista para 100 viviendas. La parcela RS 1 plan parcial Artiberri II-Berriozar 310000000002201354IL con 4.340 metros cuadrados y 70 viviendas y las parcelas 1, 2 Y 3 AR3 Noain 310000000001626591YU, 310000000001626590TY y 310000000001626592UI con una superficie total de 2.618 metros cuadrados, previstas para 85 viviendas.
Las empresas que se presenten deben tener solvencia económica y financiera, para lo que presentarán una declaración de haber gestionado por un período mínimo de tres años una inversión total por importe igual o superior a los 15 millones de euros (IVA no incluido) en compra, construcción, rehabilitación y/o promoción de vivienda en régimen de alquiler de protección pública. Así como la gestión por un período mínimo de tres años un parque de viviendas que genere al menos unas rentas por alquileres por 1,375 millones de euros (IVA no incluido) y que esté sometido a régimen de protección pública o figura equivalente.
Para ser adjudicatario de una de estas viviendas de alquiler asequible, los ingresos familiares deben estar comprendidos entre 2,5 veces y 4,5 veces el Indicador de Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada (Sara) y el precio máximo de renta inicial mensual aplicable a los contratos de arrendamiento asequible será de 8,25 euros por metro cuadrado útil de vivienda; 72,47 euros por plaza de garaje; y 2,41 euros por metro cuadrado útil de trastero y del resto de anejos. El precio se actualizará anualmente un 2%.
Las empresas que se presenten presentarán una declaración de haber gestionado una inversión total mínima 15 millones de euros
Según se recoge en la página web del Gobierno Foral, el anuncio convocado por la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa), contempla un precio de licitación de 60,97 millones de euros, IVA excluido, finalizando el plazo para la presentación de ofertas el próximo 12 de febrero de 2026. Nasuvinsa centra su actividad en la gestión de vivienda social y suelo industrial en compra o alquiler, rehabilitación energética integral y regeneración urbana, desarrollo territorial sostenible, captación y desarrollo de proyectos europeos en vivienda y urbanismo sostenible, áreas logísticas y centros de servicios para el transporte, ámbitos de trabajo que desarrolla de forma transversal para las distintas áreas del Ejecutivo foral y su corporación de empresas públicas.
De esta manera, la Comunidad Foral se suma a esta fórmula de colaboración pública-privada ya se ha puesto en práctica en otras ciudades como Barcelona. En ese caso, el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona a través de la sociedad mixta Habitatge Metròpolis Barcelona (HMP), adjudicó a Neinor Homes y Cevasa las obras del plan de vivienda social de Barcelona que totalizaban 4.500 unidades en distintas fases con una inversión total de 116 millones de euros aportados a partes iguales por la administración y las empresas privadas. Sant Boi de Llobregat, Montgat, Viladecans, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet, así como los barrios barceloneses de Sant Martí o Sants-Montjuïc, están siendo las localidades donde se ha iniciado la construcción de estas viviendas.
También en Extremadura se van a llevar proyectos parecidos tras la formalización por parte de la entidad bancaria Triodos Bank, de un acuerdo de financiación por cerca de 9 millones de euros para un nuevo proyecto en colaboración con la promotora Plalyso y el apoyo de la Junta de Extremadura, mediante el cual se impulsará la construcción de un nuevo parque de viviendas en régimen de alquiler asequible en la región. El proyecto se desarrollará en las tres grandes ciudades extremeñas de Cáceres, Badajoz y Mérida, mediante cuatro promociones que suman un total de 203 viviendas. La construcción se llevará a cabo sobre suelo público cedido por la Junta de Extremadura a través de un derecho de superficie con una duración de 53 años, de los que 3 serán para la construcción y 50 para su explotación en régimen de alquiler asequible.
Madrid, tanto a nivel municipal como autonómico, es otro paradigma en este tipo de gestión público-privada. Dentro de esta estrategia, está el Plan Vive es una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas, poniendo suelo público propiedad de la administración a disposición del mercado, un proyecto, basado en la colaboración público-privada que ha multiplicado la capacidad de construcción de vivienda de alquiler a precio asequible.
A nivel estatal, el Gobierno ha aprobado el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (Pvaa) para levantar más de 183.000 viviendas en alquiler social
Con un compromiso de poner en el mercado 14.000 nuevas viviendas en esta Legislatura, 8.000 de ellas ya se encuentran en fase de licitación, construcción y adjudicación, mientras que ya se han entregado más de 5.000 unidades en su mayor parte en las localidades del sur madrileño de Alcorcón, Getafe y Móstoles.
También a nivel municipal Madrid ofrece alternativas dentro de esta estrategia de colaboración como el Plan Suma Vivienda, el programa de la Empresa Municipal de vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid por el que se han promovido 2.200 unidades, en una primera fase, con 1.600 viviendas en Los Ahijones y Los Berrocales, mientras que la segunda fase, en licitación, permitirá construir más de 600 viviendas adicionales.
Guadalajara por su proximidad a la capital viene generando un importante incremento de la demanda, por lo que su ayuntamiento ha acordado una promoción en el barrio de Aguas Vivas para la construcción de 156 viviendas de alquiler asequible por parte de Hercesa. La promoción contempla la cesión de un derecho de superficie, sobre una parcela propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara durante 75 años, correspondiendo a la adjudicataria la construcción y gestión de las viviendas. El proyecto contempla viviendas de dos dormitorios y 72 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero, a un precio estimado en torno a 650 euros mensuales.
A nivel estatal, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha aprobado el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (Pvaa) para lograr alcanzar la meta de levantar más de 183.000 viviendas en alquiler social o a precios asequibles repartidas por toda la geografía española a lo largo de la reciente legislatura.
Precisamente un informe reciente de la consultora Savills señalaba que la vivienda en todas sus variedades prosigue acaparando la actividad del mercado inmobiliario. A cierre del tercer trimestre, la inversión inmobiliaria en activos residenciales en España superaba los 1.902 millones de euros, si bien destacaba que más de la mitad, el 52% (986 millones de euros) ha ido destinado a vivienda asequible, principalmente en proyectos de colaboración público-privada.