Bilbao, Vitoria y San Sebastián son ya zonas de mercado tensionado en el alquiler

Nuevo paso del Gobierno. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha informado de que ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración como zona tensionada de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Astigarraga y Usurbil, lo que supone que todas las capitales de Euskadi ya son consideradas zonas de mercado tensionado para el alquiler. La declaración tendrá plenos efectos a partir de este viernes 31 de octubre. 

La ministra Isabel Rodríguez ha defendido la utilidad de esta medida para contener los precios de los alquileres y ha declarado que “la declaración de zona tensionada acaba con las subidas abusivas del alquiler; los nuevos contratos que se firmen en Bilbao o Vitoria- Gasteiz se tienen que referenciar al anterior”. Y ha añadido que “la Ley de Vivienda funciona y da estabilidad a los inquilinos”. 

La Ley de Vivienda regula un procedimiento para la contención de los precios de los alquileres en zonas donde los incrementos en los años anteriores hayan sido desproporcionados, señala el Mivau. De esta forma, desde este viernes, todos los nuevos contratos de alquiler han de estar referenciados al precio del contrato anterior, “lo que evita esos incrementos desproporcionados que han ocurrido hasta la fecha”. 

El Mivau espera que “en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida”

El departamento dirigido por Rodríguez añade que también se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler “para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida”.

El Mivau afirma que la aplicación de las zonas tensionadas favorece a los inquilinos, “pero también a los pequeños propietarios que son buenos caseros y ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia o el precio del contrato anterior”. Y pone como ejemplo datos del Institut Català del Sòl (Incasòl), de la Generalitat de Catalunya, que señalan que un año después de aplicar las zonas tensionadas, los precios de los alquileres se han reducido un 8,9% en la ciudad de Barcelona, un 4,9% en zonas declaradas tensionadas y un 4,7% en el total de Cataluña, además de no reducir la oferta, con 11.807 nuevos contratos en este territorio. 

El ministerio también habla de “mayor estabilidad de los contratos”, ya que “los incentivos para finalizar contratos de alquiler y firmar nuevos han desaparecido al tener que estar referenciado el precio del nuevo con el del contrato anterior, lo que pone fin a las subidas de precio sin límite alguno”, algo que, según este departamento, “produce una menor rotación y se ofertan menos pisos en portales web, pero que no ha disminuido la cantidad de contratos en vigor, tal y como demuestran los alquileres declarados a través de la Agencia Tributaria”.

Reunión con las comunidades

Por otro lado, en la Conferencia Sectorial que ha presidido la ministra se ha decidido que se convocará la próxima semana a las comunidades autónomas a una reunión de carácter técnico para seguir avanzando en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Rodríguez ha insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y garantice el derecho constitucional a una vivienda digna. 

También se ha dado luz verde definitiva al reparto económico del bono alquiler joven que se fija en 250 euros al mes durante dos años

El plan de vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros para avanzar en la construcción de un parque de vivienda público y asequible, con protección permanente; para continuar con la ola rehabilitadora, y para incrementar las ayudas para los colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, como los jóvenes.

También se ha dado luz verde definitiva al reparto económico del bono alquiler joven, el último que se realizará, ya que esta ayuda estaba ligada a la vigencia del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de dos años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o, en todo caso, su derecho a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.