Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

Nuevo paso. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos sin licencia, según ha informado este lunes el departamento encabezado por Pablo Bustinduy. 

La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta.

Las infracciones de la normativa de consumo (identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución) han consistido en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, indican.

Según Consumo, los anuncios de alojamientos turísticos sin licencia contravienen las obligaciones impuestas por la mayoría de normativas autonómicas

En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, lo que contraviene las obligaciones impuestas por la mayoría de las normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

El ministerio también ha mencionado anuncios que usan números de licencia o registros falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.

Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale “a seis veces el beneficio ilícito” obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.

En paralelo, Consumo también ha identificado una infracción por incumplimiento del régimen y obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionada con 10.000 euros.

En otros casos, se omite información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión

Asimismo, ha señalado la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos de Consumo, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Por último, se ha apuntado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor (dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente), una infracción grave sancionada con 55.000 euros.

En el ámbito de la vivienda, el Ministerio ha recordado que mantiene distintos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia inquilinos en la gestión del alquiler. Bustinduy ha declarado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, y ha subrayado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.