El fondo luxemburgués Eurostone compra a Axa sus dos edificios de viviendas de Barcelona
El grupo catalán Mina cierra la adquisición de dos activos residenciales en renta para su fondo luxemburgués Eurostone, dentro del proceso de desinversión de la aseguradora con el portfolio adquirido a Goldman Sachs y B Capital.
11 nov 2025 - 05:00
Operación en el mercado de vivienda en alquiler en Barcelona. El brazo inmobiliario de la aseguradora Axa ha cerrado hace apenas unos días la venta de dos activos residenciales en renta que poseía en Barcelona.
Se trata de Girona 181 y Sagrera 106, ubicados en los barrios del Eixample y de La Sagrera respectivamente de la capital catalana. Los edificios cuentan con una superficie conjunta de 2.493 metros cuadrados distribuida en 27 viviendas y cuatro locales. Se trata de activos plenamente consolidados y que se encuentran parcialmente alquilados.
Su nuevo propietario es Eurostone, tal como ha podido confirmar EjePrime de fuentes del mercado. Un fondo luxemburgués especializado en la compra y posterior rehabilitación de edificios con una nutrida cartera de activos distribuida en céntricas calles de Madrid y Barcelona. Detrás del mismo está el grupo Mina, compañía liderada por el empresario catalán Xavier González Dolz, exvicepresidente ejecutivo de la extinta Restaura, y Fernando Conde, también ex directivo de Restaura.
El nuevo propietario de los edificios es un fondo luxemburgués controlado por el grupo catalán Mina, fundado por los exRestaura Xavier González Dolz y Fernando Conde
En los últimos años, Mina Inmobiliaria ha gestionado junto a sus socios inversores, aglutinados a través de los vehículos AKM y el citado Eurostone, la compra de medio centenar de inmuebles, con un valor final próximo a los 1.000 millones de euros. Actualmente, tienen bajo gestión más de 400 millones. Así, por ejemplo, en mayo de 2018, Eurostone compró dos edificios completos en los distritos de Sarrià y Sant Gervasi en Barcelona, a un family office local, por 50 millones. Un año antes, había adquirido otro activo, también en la capital catalana, por 30 millones de euros que, en 2019, traspasó a AEW.
La operación supone todo un hito, ya que no ha estado exenta de complejidad, debido a que Barcelona ha sido ‘tachada’ oficialmente de la lista de destinos prioritarios para los grandes inversores institucionales de vivienda en alquiler, debido a las medidas impulsadas por sus diferentes administraciones que penalizan este tipo de operaciones tildadas de ‘especulativas’. Así, para llevarse a cabo esta venta, rubricada en notaría hace apenas unos días, han sido necesarias sendas renuncias de tanteo y retracto tanto de la Generalitat como del propio Ayuntamiento, señalan fuentes de mercado. En ambos casos, las administraciones autonómica y local no han visto impedimento a la compra de estos inmuebles, con inquilinos con contratos en vigor, ni necesaria su adquisición para hacer crecer el parque público de vivienda en alquiler.
Asimismo, esta operación supone “prácticamente” el cierre del proceso de desinversión que puso en marcha Axa hace unos meses de un portfolio con edificios residenciales en rentabilidad, ubicados principalmente en Madrid y Barcelona, aunque también algunos en Castilla y León, concretamente en Valladolid.
El perímetro incluía inicialmente 17 edificios residenciales, con un valor conjunto estimado en 80 millones de euros, procedentes de la adquisición que, a finales de 2017 Axa IM compró a Goldman Sachs y B Capital. Axa pagó 170 millones de euros por 28 edificios, con 65.000 metros cuadrados de superficie y 850 inmuebles, situados en Madrid y Barcelona principalmente, y con un nivel de ocupación de casi el 100%.
Ocho años después, Axa encargó a la consultora inmobiliaria TC Gabinete Inmobiliario buscar comprador para alrededor de una docena de edificios residenciales con un valor conjunto estimado en 80 millones de euros. Este verano, tal como desveló este diario, inversores institucionales adquirieron cinco. Estos últimos edificios adquiridos se ubican dos de ellos en Madrid, otros dos en Barcelona y un quinto ubicado en Valladolid. Los inmuebles pasaron a manos de un fondo privado con sede en Barcelona; de una gestora nacional, en el caso de los edificios de Madrid, y de un vehículo de gestión de patrimonio familiar, en el de Valladolid.