La mitad de la demanda de potencia eléctrica de promotores queda desatendida, alerta Asprima

La necesidad de vivienda. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha presentado un informe que sitúa la infraestructura eléctrica como uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de vivienda nueva en España y propone 16 medidas regulatorias y operativas para revertir esta situación. Así, este documento advierte de que la producción de vivienda es claramente insuficiente (según el Banco de España, el déficit acumulado alcanza ya las 700.000 viviendas) y pone el foco en las dificultades de acceso y conexión a la red eléctrica. De hecho, en 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 GW de acceso a la red, de los cuales aproximadamente la mitad no pudieron ser atendidos por falta de capacidad disponible o por el desistimiento de los promotores ante la falta de certidumbre, indica la patronal. 

El informe de Asprima destaca que “la falta de coordinación entre la planificación urbanística y la planificación eléctrica obliga a los promotores a asumir sobrecostes significativos y a esperar refuerzos de red que retrasan los proyectos y comprometen su viabilidad”. Asimismo, “prácticas actuales como las reservas de potencia excesivamente largas y rígidas, la duplicidad de validaciones administrativas o un reparto de costes que recae mayoritariamente en el promotor contribuyen a encarecer el precio final de la vivienda y a inmovilizar recursos”, añaden. 

El mencionado informe agrupa sus propuestas en cinco ámbitos de actuación prioritarios, “que abordan de forma integral los principales cuellos de botella que hoy impiden conectar nuevos desarrollos residenciales a la red eléctrica en plazos razonables y a costes asumibles”. El primero de ellos pasa por la capacidad de la red y la falta de integración entre la planificación eléctrica y el planeamiento urbanístico, que obligan a los promotores a asumir refuerzos imprevistos, con sobrecostes y retrasos significativos. La asociación afirma que “para corregir esta situación, el informe propone flexibilizar los límites de inversión en redes, impulsar inversiones anticipatorias que permitan atender la demanda residencial futura y priorizar las infraestructuras eléctricas vinculadas a desarrollos con planeamiento definitivamente aprobado”. Además, plantea crear mecanismos estables de coordinación entre administraciones, distribuidoras y promotores para alinear los calendarios urbanísticos y eléctricos desde las fases iniciales.

Asprima habla de “las reservas de potencia excesivamente largas y rígidas, la duplicidad de validaciones administrativas o un reparto de costes que recae mayoritariamente en el promotor”

En paralelo, en un contexto de saturación de la red, el informe propone introducir “criterios de prioridad en el acceso y conexión para usos de interés social y baja movilidad geográfica, como la vivienda, frente a otros usos que pueden desplazarse con mayor facilidad”. Asimismo, plantea un modelo de acceso “flexible y progresivo” que permita reservar la potencia necesaria para todo el desarrollo, pero activarla de forma gradual conforme avanza la urbanización, evitando el bloqueo de capacidad durante años. A ello se suma el aprovechamiento del potencial de flexibilidad de la demanda residencial mediante incentivos que permitan gestionar consumos en momentos puntuales.

El informe también identifica la burocracia, las dobles validaciones y la falta de coordinación administrativa como principales frenos al desarrollo residencial. Para reducir tiempos e incertidumbre, Asprima propone “alinear la validez de los informes de viabilidad eléctrica con la tramitación urbanística, implantar una ventanilla única autonómica de urbanismo eléctrico con silencio administrativo positivo y fijar plazos máximos y sancionables para la emisión de propuestas de conexión por parte de las distribuidoras”. El objetivo es eliminar duplicidades, ganar previsibilidad y acortar de forma efectiva los plazos de tramitación. 

Además, la falta de definición temprana de subestaciones, centros de transformación y redes genera problemas de disponibilidad de suelo y de potencia reservada, que comprometen la viabilidad de los proyectos incluso en fases avanzadas. Para evitarlo, el informe propone “incorporar de forma vinculante la localización y dimensión de las infraestructuras eléctricas en los instrumentos de planeamiento”, así como simplificar su ejecución mediante la declaración responsable cuando las obras estén incluidas en proyectos de urbanización aprobados. Además, plantea mejorar la transparencia mediante una plataforma digital pública que permita el seguimiento en tiempo real de los expedientes.

El informe de los promotores también identifica la burocracia, las dobles validaciones y la falta de coordinación administrativa como principales frenos al desarrollo residencial

Por último, Asprima advierte de que el modelo actual de reparto de costes traslada al promotor inversiones en infraestructuras de carácter troncal o de utilidad pública, encareciendo el precio final de la vivienda. Apunta que el informe “propone que estas infraestructuras sean financiadas a través del sistema eléctrico, limitando al promotor los costes de redes internas y de uso exclusivo”. Asimismo, plantea revisar los criterios de dimensionamiento de potencia para ajustarlos a la demanda real y a la progresividad de la electrificación, “evitando sobredimensionamientos que agotan capacidad de red y elevan innecesariamente los costes”.

Jorge Ginés, director general de Asprima, señala que “estas medidas combinan soluciones regulatorias y operativas para acelerar la conexión de nuevos desarrollos, reducir costes y aportar certidumbre tanto a promotores como a las administraciones”. Y añade que “priorizar la vivienda como un uso de interés social dentro de la planificación eléctrica y simplificar los trámites es clave para desbloquear miles de viviendas y optimizar la inversión en red”. 

De esta forma, Asprima hace un llamamiento a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las empresas distribuidoras y el regulador (Cnmc) “para que incorporen con urgencia estas propuestas y eviten que la infraestructura eléctrica siga siendo un freno estructural a la oferta de vivienda”.