La Comunidad de Madrid presenta alegaciones a la norma del Ministerio sobre centros de datos

Las administraciones públicas trabajan en nueva normativa. La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes alegaciones al proyecto de Real Decreto estatal por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los Centros de Procesamiento de Datos (CPDs) al alertar de los riesgos en la competitividad de sector. Con esta iniciativa, que ha sido remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el ejecutivo autonómico pretende evitar una “posible sobrerregulación” que afecte a la competitividad del sector en la región con respecto a otras zonas europeas, ha informado el gobierno regional en un comunicado.

Madrid es líder nacional en este tipo de activos, con un total de 46 infraestructuras (35 en funcionamiento y 11 en construcción) y el 54,8% del total de la capacidad instalada en España, por delante de Aragón (30%) y Cataluña (12%). Así, tras un análisis del texto propuesto realizado por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior), ha alertado de los riesgos que puede suponer para el futuro de esta actividad la entrada en vigor del nuevo marco normativo.

Como indican las observaciones remitidas, el proyecto de Real Decreto “va más allá de lo exigido por la Unión Europea” en su directiva (UE) 2023/1791 y el reglamento delegado (UE) 2024/1364, y amplía la lista de indicadores obligatorios a cuestiones socioeconómicas, territoriales o de tráfico de datos “que nada tienen que ver con la eficiencia energética”. 

La Comunidad de Madrid cuenta con un 54,8% del total de la capacidad instalada en España

Uno de los puntos de mayor debate se encuentra en el artículo 7, que condiciona el acceso y conexión de los CPD a la red eléctrica por el cumplimiento previo de unos compromisos ambientales, que no existen en ningún otro país de la insititución europea. Estos requisitos, que para el Ejecutivo autonómico son “desproporcionados”, situarían a la Comunidad de Madrid y a toda España “en clara desventaja frente a otros destinos europeos más ágiles y con menos imposiciones burocráticas”, señala el mencionado documento.

Asimismo, la disposición transitoria única extendería estas exigencias a proyectos que ya se encuentran en fase de tramitación, algo que “podría vulnerar la Constitución en materia de retroactividad y seguridad jurídica”, aseguran desde el gobierno regional. 

La Comunidad de Madrid defiende que la eficiencia energética “debe seguir siendo un eje prioritario, pero no con normas que ahuyenten proyectos y frenen la inversión e innovación”. En este sentido, señalan que los centros de procesamiento de datos son fundamentales no solo para la economía digital, sino también para la transición energética.

Según estimaciones de la patronal Spain DC, España podría atraer más de 58.000 millones de euros de inversión hasta 2030, de los cuales, una parte muy significativa se concentraría en la Comunidad de Madrid. “Una regulación excesivamente rígida podría reducir esa cifra a apenas 12.500 millones, con un fuerte impacto negativo en el empleo, la innovación y el liderazgo tecnológico de todo el país”, ha señalado la insitución.