El Gobierno aprueba el contrato de gestión de las 40.000 viviendas de Sepes por 55,4 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) a la licitación del contrato de servicios de gestión integral del arrendamiento de las viviendas del parque de alquiler asequible, cuyo presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 55,4 millones de euros, IVA excluido, según se recoge en la referencia del Consejo de ministros de este martes.

En julio de 2025, el Consejo de ministros aprobó los criterios por los que se traspasan a Sepes los inmuebles y suelos de la Sareb. En total, se identificaron más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para edificar 55.000 viviendas en un primer perímetro. Este patrimonio pasará a formar parte del parque público estatal de vivienda.

Los adjudicatarios del contrato se encargarán de gestionar los diferentes lotes de viviendas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible. La licitación incluirá numerosos requisitos para garantizar la excelencia y la sensibilidad social en la prestación del servicio, como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social, una condición que pretende evitar que compañías participadas por grandes fondos de inversión puedan resultar adjudicatarias de los contratos.

En julio se identificaron más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para edificar 55.000 viviendas en un primer perímetro

Se atenderá la gestión de vivienda asequible desde el compromiso social, y no solo atendiendo a criterios económicos. De hecho, uno de los servicios consistirá en la prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda.

En este sentido, se pone el acento en la solvencia técnica y de experiencia acreditada en la gestión de vivienda adscritas a un programa específico de vivienda de alquiler asequible o de vivienda social, por lo menos durante un año de los últimos tres.

Además, Sepes ha diseñado un sistema de penalizaciones y bonificaciones orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas, de forma que se establecen penalizaciones cuando los niveles del servicio incumplan determinados plazos definidos por la entidad para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas, o se bonifiquen altos niveles de calidad, como por ejemplo altas puntuaciones en una encuesta anual de satisfacción que se lanzará anualmente a las personas inquilinas.