Los promotores públicos avalan el Plan del Gobierno con mejoras en ‘matices técnicos’

Impulso al plan. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido este viernes con el presidente de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), José María López Cerezo, para que conociese de primera mano el Plan Nacional de Vivienda y transmitirle el objetivo de incrementar el parque público convergiendo con el resto de países de nuestro entorno, al tiempo que se da cobertura a familias y jóvenes con problemas de acceso a una solución habitacional, contribuyendo con la fuerza inversora del Gobierno para tener este parque lo antes posible.

Tanto ministerio como promotores coinciden en el diagnóstico de que lo que necesita el país en estos momentos es producción de vivienda, de forma que se superen las 318.000 unidades públicas actuales, un diagnóstico que según Cerezo comparte también el sector privado.

El objetivo del Gobierno en esta materia es lograr que el parque de vivienda pública alcance el entorno del 8% del total, para converger con Europa. Los datos así parece que confirman esta tendencia, ya que este último año se ha pasado de un porcentaje del 2,5% al 3,4%, “muy lejano todavía de la cifra europea, pero en la dirección correcta”, ha afirmado la ministra. También los datos de Vivienda de Protección Oficial (VPO) van en la línea correcta, con un incremento en el último año del 63%, mientras que el último dato de licitación de vivienda pública conocido esta semana ya arrojaba un crecimiento interanual del 61%.

El porcentaje de vivienda pública ha pasado del 2,5% al 3,4% del total del parque

Tras una reunión que duró unos 45 minutos, el presidente de los promotores públicos valoró el plan. En su opinión, recoge gran parte de las reivindicaciones defendidas por esta asociación y durante los últimos años han ido aportando ideas, considera que se necesitan medidas estructurales, la más clara: la producción de vivienda protegida. No obstante, manifestó que el texto cuenta con capacidad de mejora en determinados “matices técnicos” y expresó su deseo de que haya consenso y entendimiento con las comunidades autónomas.

La ministra también en respuesta a las preguntas de los periodistas vino a confirmar que el plan de vivienda estaba diseñado antes del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, actualmente en plena negociación política, por lo que no peligraría en el supuesto de una nueva prórroga presupuestaria. Cuenta con toda la cobertura presupuestaria de fondos y créditos para que se mantenga en la hoja de ruta del Ejecutivo. 

El nuevo plan que será aprobado en la segunda quincena de diciembre prevé triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros. La mayor parte de estos fondos, hasta un 40%, se dirigirá a incrementar la oferta de vivienda pública; otro 30% se destinará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, atendiendo también a criterios de eficiencia energética; y el 30% restante irá destinado a ayudas emergentes, como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas, así como al refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible para quienes más lo necesitan. El Estado asumirá el 60% de la inversión prevista en el plan, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.

Hoy también se ha conocido que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) recibió más de 1.500 millones de euros hasta el pasado 31 de diciembre por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta inyección se destinó a financiar actuaciones residenciales con una previsión de 16.800 viviendas, según se extrae del Informe de fiscalización de la actividad de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en la ejecución de vivienda pública durante el periodo 2018-2023 aprobado por el Tribunal de Cuentas, informa Europa Press.

Sepes recibió más de 1.500 millones de euros para financiar actuaciones residenciales con una previsión de 16.800 viviendas

El trabajo se ha centrado en las actuaciones residenciales vinculadas al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible (Pvaa), en el análisis de los convenios y contratos formalizados en ejecución de este, así como en la gestión de su patrimonio inmobiliario, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable y valorar la eficacia en la puesta a disposición de vivienda protegida.

Entre sus principales conclusiones, el informe pone de manifiesto en las actuaciones en fase de desarrollo urbanístico “la existencia de plazos de ejecución muy dilatados que distancian más allá de lo razonable el momento de aparición de las necesidades de vivienda y su satisfacción”.

El Tribunal de Cuentas observa que Sepes ha cumplido en general los requisitos legales en convenios, contratos y gestión patrimonial, sin perjuicio de haberse identificado deficiencias tales como la falta de reuniones de las comisiones de seguimiento previstas, la no adaptación de convenios antiguos a la Ley 40/2015, y la existencia de parcelas sin destino definido.