El decreto de alquileres ‘se cuela’ en la reunión constitutiva del Consejo Asesor de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido este jueves la sesión constitutiva del Consejo Asesor de Vivienda, órgano consultivo para las políticas de vivienda cuya creación regula la Ley de Vivienda. La ministra ha avanzado que en el seno de la reunión se había acordado la constitución de cinco grupos de trabajo, cuatro a propuesta del Ministerio y uno por acuerdo de los miembros. 

La ministra ha indicado que trabajarán con el Consejo en torno a cinco grupos: el primero para evaluar el Plan Europeo de Vivienda; el segundo para la construcción del parque público de vivienda asequible en el país y el blindaje permanente del mismo; el tercero para la dar respuesta a los problema de vivienda en todos los territorios y, especialmente, a los jóvenes; el cuarto para analizar el Plan Estatal de Vivienda y, a petición del propio Consejo, para avanzar en datos rigurosos con los que planificar las políticas públicas de vivienda y mejorar la transparencia, sobre todo en el ámbito del alquiler. Tras el encuentro de este jueves, ha indicado que este grupo será un órgano consultivo del Gobierno, similar al Consejo Económico y Social (CES), que se reunirá dos veces al año.

Tras la reunión las reacciones no se hicieron esperar y los sindicatos UGT y CC OO, integrados en el Consejo, han trasladado su confianza en que este órgano sea una herramienta útil en un momento en el que España se encuentra en “emergencia habitacional” para lo que han pedido no solo medidas puntuales. En un comunicado, han afirmado que en el encuentro de este jueves la ministra ha reiterado las medidas planteadas este lunes por Sánchez, sobre lo que ambos sindicatos han avisado que los incentivos fiscales “solo se justifican si están ligados a resultados verificables” y no deben convertirse en un gasto fiscal para el Estado “sin impacto en oferta asequible o sin control efectivo”.

UGT y CC OO avisan que los incentivos fiscales solo se justifican si están ligados a resultados verificables y no deben convertirse en un gasto fiscal para el Estado

Por su lado, la presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae), Marta Vall-llossera, órgano también presente en el Consejo, ha avisado de la necesidad de ofrecer soluciones estables en el tiempo, basadas en consensos amplios y ha defendido que cualquier iniciativa que se adopte en materia de planificación urbana, en relación con los usos del suelo y la densidad edificatoria, se realice partiendo de estudios y el asesoramiento técnico.

Por otro lado y como no podía ser de otra manera, en la reunión se abordó el real decreto ley anunciado este lunes por el presidente del Gobierno en materia de vivienda y aseguró la ministra que espera conformar un acuerdo dentro del Consejo de Ministros y el apoyo de todos los grupos políticos para sacar adelante el mismo, asegurando y que no va a perder “ni un segundo más” en polemizar.

El nuevo real decreto ley incorpora una bonificación fiscal del 100% a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y una limitación al abuso del alquiler por habitaciones.

“Tenemos un texto de acuerdo en el Congreso de los Diputados que llevado al Consejo de Ministros será ley y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y el interés del Ministerio y del Gobierno es acabar con el fraude que se está produciendo en el ámbito del alquiler, contener los precios, bajar los precios y dar estabilidad a los contratos y eso solo se consigue si abordamos ese proyecto que en estos momentos estaba en el Congreso”, ha expuesto.

Plan Estatal de Vivienda

Sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-230, cuya aprobación en Consejo de Ministros estaba prevista para el pasado diciembre, la ministra ha asegurado que es un objetivo prioritario de este trimestre de su cartera para que se ejecute en 2026. “De hecho, si el plan se ha dilatado algunas semanas en el tiempo es precisamente porque lo pidieron las comunidades autónomas”, ha expuesto Rodríguez, que ha indicado que el nuevo plan incorpora las aportaciones de las autonomías y está circulando internamente en el seno del Gobierno a falta de un par de ministerios por emitir sus informes.